Bancada del Psuv no habla de cárceles
/A diferencia de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad, la bancada del Psuv no dijo nada ayer cuando se agudizó la situación de la cárcel de El Rodeo I. El silencio fue más que notorio en los pasillos del edificio de la esquina de Pajaritos, donde ningún parlamentario oficialistas se encontraba en su oficina, pues la mayoría estaba de viaje o en el estado Aragua, en labores del partido. Por allá, en una nota escueta, publicada en la web de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Juan Soto dijo que "la oposición quiere una guerra de sangre en los centros penitenciarios". En la sesión del martes, el Psuv aceptó investigar la masacre de El Rodeo y prometió conformar una especie de "mega comisión" que actuaría con el Ministerio Público y el MIJ, pero de esa instancia, a estas alturas, no se ha sabido.
Deben declarar la emergencia
El diputado Richard Blanco propuso que las cárceles deben declararse en "emergencia" y planteó la designación de una comisión de alto nivel para que se encargue de la problemática del sector.
"Pienso que ha llegado el momento de declarar en emergencia los centros penitenciarios, y nombrar una comisión de alto nivel que pudiera estar integrada por la Presidencia de la República, Ministerio para Relaciones Interiores, Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y la Iglesia, para que actuemos y hagamos cumplir el artículo 272 de la Constitución", refirió.
Advirtió que si no se toman medidas correctivas, lamentablemente, la situación pudiera extenderse a otros centros penitenciarios. "Esto es lo que tenemos que evitar de inmediato, pues nadie desea que eso ocurra". Comentó que la situación que se vive en las cárceles, no solamente pone en tensión a los privados de libertad, sino a sus familiares y a la población venezolana, tomando en consideración que los penales tienen en los alrededores residencias, urbanizaciones y barriadas.
En cuanto al número de internos muertos y heridos, precisó que la única manera que se puedan cuantificar las cifras de fallecidos es que se le permita el acceso a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario a El Rodeo I. No obstante, aclaró que la situación interna de las cárceles debe abordarlas el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, y que solamente ellos (los diputados), son legisladores, pero también controladores del Poder Ejecutivo.
Señaló que ahora se justifica más la comparecencia, el próximo miércoles, del ministro Tareck El Aissami, ante ese ente legislativo, para que informe, oficialmente, sobre lo ocurrido en ese penal.
Resaltó que espera escuchar la versión de los integrantes de la Defensa Pública y de la Fiscalía General de la República, quienes también asistirán a ese encuentro para tratar la crisis penitenciaria. "La creación de un nuevo Ministerio Penitenciario no va a ser la solución, si al frente de ese despacho van estar las mismas personas que hoy tienen la responsabilidad de dirigir la política penitenciaria", enfatizó el asambleísta.
Por su parte, la parlamentaria María Corina Machado recordó que las cárceles tienen capacidad para 12.500 presos y hoy albergan aproximadamente a 48 mil reclusos. "Estas cifras evidencian el estado de hacinamiento en que se encuentran los penales del país. Es evidente que se desconoce el respeto a la integridad física del reo. El respeto que merece como ser humano, los presos están pidiendo que los traten con dignidad; sean inocentes o culpables. Respeto a su alimentación, higiene, trabajo, proceso penal, visita conyugal".
Destitución de El Aissami
El vicepresidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, William Ojeda, exigió la destitución del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, y de todo "su tren ejecutivo", pues aseguró que ellos son "los responsables directos de la masacre en El Rodeo y de todas las irregularidades que se presentan en el sistema penitenciario venezolano". Ojeda condenó que se pretenda "apagar a sangre y fuego la realidad que el mismo Gobierno permitió", y le exigió a éste detener de inmediato "la barbarie que están practicando".
Acotó que El Aissami debería ser enjuiciado "porque no puede presenciar la sociedad venezolana un acto criminal, con una cifra cercana a los 40 muertos y más de medio centenar de heridos, sin que haya una respuesta de esta tragedia". Lo que sí investigará el chavismo en la AN son las muertes de los años 60, 70 y 80, "a manos de la Cuarta República" y establecer mecanismos para la reparación e indemnización de las víctimas.
Deben declarar la emergencia
El diputado Richard Blanco propuso que las cárceles deben declararse en "emergencia" y planteó la designación de una comisión de alto nivel para que se encargue de la problemática del sector.
"Pienso que ha llegado el momento de declarar en emergencia los centros penitenciarios, y nombrar una comisión de alto nivel que pudiera estar integrada por la Presidencia de la República, Ministerio para Relaciones Interiores, Fiscalía General, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y la Iglesia, para que actuemos y hagamos cumplir el artículo 272 de la Constitución", refirió.
Advirtió que si no se toman medidas correctivas, lamentablemente, la situación pudiera extenderse a otros centros penitenciarios. "Esto es lo que tenemos que evitar de inmediato, pues nadie desea que eso ocurra". Comentó que la situación que se vive en las cárceles, no solamente pone en tensión a los privados de libertad, sino a sus familiares y a la población venezolana, tomando en consideración que los penales tienen en los alrededores residencias, urbanizaciones y barriadas.
En cuanto al número de internos muertos y heridos, precisó que la única manera que se puedan cuantificar las cifras de fallecidos es que se le permita el acceso a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario a El Rodeo I. No obstante, aclaró que la situación interna de las cárceles debe abordarlas el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, y que solamente ellos (los diputados), son legisladores, pero también controladores del Poder Ejecutivo.
Señaló que ahora se justifica más la comparecencia, el próximo miércoles, del ministro Tareck El Aissami, ante ese ente legislativo, para que informe, oficialmente, sobre lo ocurrido en ese penal.
Resaltó que espera escuchar la versión de los integrantes de la Defensa Pública y de la Fiscalía General de la República, quienes también asistirán a ese encuentro para tratar la crisis penitenciaria. "La creación de un nuevo Ministerio Penitenciario no va a ser la solución, si al frente de ese despacho van estar las mismas personas que hoy tienen la responsabilidad de dirigir la política penitenciaria", enfatizó el asambleísta.
Por su parte, la parlamentaria María Corina Machado recordó que las cárceles tienen capacidad para 12.500 presos y hoy albergan aproximadamente a 48 mil reclusos. "Estas cifras evidencian el estado de hacinamiento en que se encuentran los penales del país. Es evidente que se desconoce el respeto a la integridad física del reo. El respeto que merece como ser humano, los presos están pidiendo que los traten con dignidad; sean inocentes o culpables. Respeto a su alimentación, higiene, trabajo, proceso penal, visita conyugal".
Destitución de El Aissami
El vicepresidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, William Ojeda, exigió la destitución del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, y de todo "su tren ejecutivo", pues aseguró que ellos son "los responsables directos de la masacre en El Rodeo y de todas las irregularidades que se presentan en el sistema penitenciario venezolano". Ojeda condenó que se pretenda "apagar a sangre y fuego la realidad que el mismo Gobierno permitió", y le exigió a éste detener de inmediato "la barbarie que están practicando".
Acotó que El Aissami debería ser enjuiciado "porque no puede presenciar la sociedad venezolana un acto criminal, con una cifra cercana a los 40 muertos y más de medio centenar de heridos, sin que haya una respuesta de esta tragedia". Lo que sí investigará el chavismo en la AN son las muertes de los años 60, 70 y 80, "a manos de la Cuarta República" y establecer mecanismos para la reparación e indemnización de las víctimas.
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