La tierra y el asfalto aún están húmedos por la lluvia de anoche. Son las 9:00 am del viernes 22 de mayo y detrás del portón que separa su hogar de la carretera, José Perdomo, vestido con jean y camiseta, quiere tomar previsiones. Desde hace unos días comenzó a instalar lo necesario para alzar dos columnas que le den mayor estabilidad a su vivienda, la que ha construido poco a poco desde que llegó al sector Colinas del Pinar, en la Cota 905, hace una década y se instaló en una carpa.
Aunque este padre de familia dice que nunca ha sido afectado seriamente por fenómenos naturales como las lluvias, trabaja para reducir la posibilidad de que el terreno sobre el que él y su familia duermen pueda ceder o deslizarse. Las cabillas y el cemento para el nuevo acomodo se los dio el programa de gobierno Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, que asiste a la comunidad desde hace dos meses. También le prometieron darle ventanas, puertas y materiales para el techo, que aún no han llegado. La mano de obra va por su cuenta.
Las condiciones en las que él fundó su casa son parte de una realidad que no ha pisado el freno en el país. Su vivienda es de las 678.645 que han sido autoproducidas en el país en menos de 10 años, de las cuales no se tiene garantía del uso de normas técnicas de diseño, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. La cifra, va a la par de las 700.000 viviendas que el Estado señala que han sido entregadas en 5 años a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela con el fin de solucionar el déficit habitacional en el país. Mientras el gobierno levanta un apartamento, en algún terreno baldío una familia improvisa su hogar.
Esta característica es uno de los factores –sociales, económicos y físico-ambientales– que fueron estudiados por académicos de la Universidad Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello y la Simón Bolívar, para evaluar los avances en materia de políticas públicas en el país, analizar cómo vive la población y, además, describir la Vulnerabilidad Ciudadana ante Amenazas Naturales, es decir las condiciones que hacen más susceptible a un sistema social y que pueden influir en que un suceso natural pase a la categoría de desastre.
Jesús González Pirela, miembro de la Red Sociedad Urbana y uno de los investigadores que participó en la elaboración del estudio, resalta que la investigación fue motivada por la falta de cifras oficiales actualizadas.
Explica que el hecho de que en el país 63% de las viviendas –cerca de 4.745.770– sean autoproducidas, es porque tradicionalmente los gobiernos, incluyendo el de turno, no han podido satisfacer la demanda de construcción de nuevas viviendas. Variables económicas como la inflación, la pobreza y las dificultades para acceder a créditos y pólizas de seguro tienen un fuerte peso en que continúe la proliferación de ranchos.
“No toda casa autoproducida está en riesgo, pero la mayoría posee características constructivas inadecuadas que la hacen más vulnerable. La gente necesita acompañamiento del Estado y eso no está sucediendo”, opina el experto.
La arquitecta y profesora de la UCV, Josefina Baldó, también está convencida de que la corriente principal en materia de vivienda en el país es la autoproducción. Señala que hace 20 años mientras el gobierno hacía 1 millón de casas, los ciudadanos alzaban 2,5 millones y que esa proporción, no ha cambiado significativamente. Cree que es primordial la aplicación de políticas para empoderar el curso de esta corriente.
Quien fuera presidenta del extinto Consejo Nacional de la Vivienda entre 1991 y 2001, recordó que en ese período se avanzó un buen camino con el Plan de Habilitación de Barrios. El proyecto se propuso, a largo plazo, urbanizar todos los asentamientos informales del país por un total de 35.000 millones de dólares. Uno de los logros fue que se delimitaron todas las zonas de barrio. Entonces empezaron a formar parte del mapa.
Baldó cuenta que el programa, que comenzó en 1999 y luego se retomó en 2005, alcanzó a 22 estados del territorio, 2 millones de personas y 300 comunidades. “Contaban con organizaciones autogestionadas que administrarían sus proyectos.Se calculaba que en 15 años pudieran estar urbanizados los barrios”, dice. Hoy, de haberle dado continuidad a los planes, se habría saldado parte de esa deuda.
La investigación incluyó identificar las zonas con problemas de accesibilidad, ausencia de servicios, el estado de las viviendas, falta de servicios comunales y características de los suelos. Además, planteaba que los ciudadanos tendrían acompañamiento técnico y social de los expertos.
Sin embargo, al proyecto se le cortó el presupuesto y no continuó. La arquitecta señala que en cambio, esa estrategia ha sido sustituida por intervenciones puntuales como las que hace la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. “Llegamos a delimitar, por ejemplo, las zonas de alto riesgo, no entiendo cómo teniendo esos mapas se permite que se siga construyendo en esas áreas. Esto es responsabilidad del Estado y es reprochable, más aún sabiendo todo el dinero que ha entrado al país en los últimos años”, critica.
La encuesta reseña que cerca de 1.050.576 viviendas están actualmente en zonas con declaratoria oficial de riesgo.
“No es malo que se arreglen las fachadas y se pinten, pero eso no es lo único que se debe implementar para tener una zona urbanizada equiparable al resto de la ciudad”, agrega refiriéndose a la actuación de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Respecto a la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la que según datos de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela se le ha invertido 119,561 millones de bolívares entre 2013 y 2015, advierte que se trata de un programa que tiene alrededor mucho misterio. “Han hecho viviendas con fines electorales y de forma apresurada, con graves deficiencias de servicios. Me gustaría ver que se pudiera hacer contraloría”, señala.
Vulnerabilidad
La Encovi 2014 advierte que existe una preocupante falta de asociación de los riesgos con relación a las emergencias medioambientales y que esto es todavía más grave considerando que 15.200.981 ciudadanos estarían expuestos a condiciones de alta y muy alta vulnerabilidad.
Aurora Arias, que también vive en la Cota 905, es de las que considera que no corre gran peligro de derrumbe aunque está en un empinado cerro por el que las aguas servidas corren libremente. Dice que pronto colocarán canaletas para desviar el paso del agua.
La mujer habla sentada desde las escaleras que conducen hacia un laberinto de hogares; distintos, iguales, unos de tabla, otros de bloques, todos muy cerca entre sí. En muchas de esas casas sus habitantes están armando otro piso porque la familia ha crecido y es necesario más espacio.
La comunidad nació en 2006 cuando un grupo de 350 familias acamparon en ese terreno de áreas verdes que colindan con el Parque Metropolitano Vicente Emilio Sojo. Asegura que desde entonces no ha habido problemas de deslizamientos. Está convencida de que “a quien se le cae su ranchito es porque está mal construido”.
Joelis Pérez, que vive en la carretera Caracas-El Junquito en el sector Colinas de Loma Grande, tiene como indicador de un terreno seguro el hecho de que cada vez más personas vienen a instalar sus casas en esa montaña. “Aquí el mayor problema son las aguas negras que van por la calle y a veces crean mucho lodo cuando llueve. Eso dificulta el paso de los carros. De resto el suelo no ha cedido”, dice. “Ni cederá”, agrega uno de sus vecinos.
De acuerdo con la Encovi 2014 la mitad de los hogares son vulnerables ante sismos y otras amenazas por problemas de estructura y techo blando. Destacan que aproximadamente 468.295 viviendas tienen piso de tierra. Del total de los hogares consultados 33 % presentaban grietas y 17,2 % están en rellenos inestables.
Alfredo Cilento, arquitecto, profesor de la UCV e investigador que participó en la elaboración de la encuesta, explica que el problema de la percepción del riesgo está asociado a la resiliencia; es decir, a la capacidad que tiene la población de enfrentar las amenazas que los rodean. “Para que esta sea alta, hay que informarlos. La gente sabe que algo puede ir mal, pero no percibe con claridad qué cosas deben hacer para defenderse”, indica.
Cuando a José Perdomo se le pregunta si sabe cómo actuar en caso de una emergencia, se queda pensativo. Luego, dice que en reuniones con el consejo comunal se ha hablado del tema. “Sé que entre los números de emergencia está el 171”, señala. Según la Encovi más del 89% de la población no tiene información o formación preventiva, no dispone de sistemas de alarma ni conoce de planes para desalojar el área. Al respecto, Jesús González destaca la importancia de preparar a la población.
“Ahí están los casos de Haití y Chile. Ambos sufrieron terremotos de magnitudes similares, pero el impacto en cada uno fue distinto por la anticipación al riesgo que cada país”.
Cilento considera importante destacar otros factores de riesgo. “El problema de la vivienda no es como decían nuestros abuelos ‘Necesitas un techo’, lo importante es tener un buen suelo donde fundar tu casa”, indica. Nombra las dificultades de accesibilidad. Según el estudio un total de 834.989 viviendas no tienen vías de acceso vehicular. Otros factores físico-ambientales desfavorables ante amenazas son no tener abastecimiento de aguas por acueducto ni sistema de manejo de aguas negras.
“Los derrames de aguas negras, grises y de lluvias, tan característicos de los barrios, hacen que los suelos se saturen y sean débiles ante derrumbes, por ejemplo”, dice Cilento.
Reynel Bautista vive en carne propia esta situación. Él reside en el kilómetro 4 de El Junquito y hace unos días, junto a uno de sus vecinos, se aguantó un chaparrón para averiguar por dónde se botaba el agua. Ahora creará un sistema rudimentario que logre canalizar la lluvia hacia la calle y el precipicio de tierra cercano a sus viviendas no se siga desmoronando. Bautista también construyó tanquillas en el suelo hace dos años para evitar inundaciones. La construcción le ha servido, excepto cuando hay lluvias muy fuertes.
El hombre comenta comenta que a esa comunidad fue el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodriguez, hace dos meses para gestionar que la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor los ayudara con la dotación de materiales. “Lamentablemente, la gente que dejó encargada de eso no es competente. Si todavía no han arreglado cosas como la carretera, sé que lo que yo solicité para mi casa se va a tardar un buen rato”.
Integración
Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano, es de los que no les gusta hablar de barrio y ciudad como áreas aisladas. También cree la integración de ambos conceptos reduciría la pobreza.
“Sin duda hay una pretensión de la clase media y alta, una fantasía quizá de que los barrios son provisionales y debería desaparecer, pero eso es un error”, apunta Cardona. Uno de los primeros pasos es asumir que los barrios son parte de la ciudad.
El arquitecto explica que actualmente son muchas las estrategias técnicas y sociales que existen para promover la conexión de estos dos ámbitos de la ciudad, dándole prioridad a la preservación de los espacios públicos, es decir los lugares de todos. Sin embargo, asegura que para aplicarlas es necesario que todos los sectores de la sociedad se pongan de acuerdo.
El profesor de la USB expresa que las diatribas políticas, los intereses individuales y la corrupción son actitudes que dificultan la creación de un proyecto de ciudad común que funcione y que permita generar espacios donde los ciudadanos interactúen y creen encuentros.
Habitantes pero no dueños
Aunque José Perdomo y Reynel Bautista llevan cerca de 10 años viviendo en sus respectivos hogares –en la Cota 905 y en el kilómetro 4 de El Junquito–, saben que la tierra sobre la que construyeron no es suya. Aurora Arias está en la misma situación, pero contrario a los otros dos casos, a ella sí le prometieron darle derechos de propiedad, cuando hace más de un año técnicos del Instituto Nacional de Tierras fueron a censar en su comunidad. A la fecha siguen esperando un nuevo contacto del organismo.
El 21 de mayo pasado la Alcaldía Metropolitana de Caracas –como parte del foro permanente de ciudad– organizó un conversatorio con expertos para discutir el tema de la regularización de la tenencia de la tierra en los barrios.
Juan Carlos Vidal, concejal del municipio Sucre y presidente de la Comisión de Urbanismo, narró la experiencia de esta jurisdicción con la Ordenanza para la Titularización de la Tierra “Mi Propiedad”, que permitirá a los ciudadanos del área ser dueños de sus casas. Algunos de ellos las habitan desde hace más de 40 años. “Uno de los aspectos que más agradece la gente es que ahora tendrán algo que dejarle formalmente a sus hijos”, dijo durante su intervención en el foro.
Sergio Contreras, director de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Metropolitana, indicó que la tenencia de la tierra es además una herramienta importante para contribuir a la movilidad social a través de su ingreso en el mercado inmobiliario. También señaló que se promueve el sentido de la propiedad privada y de pertenencia, además de promover que la gente cuide aún más los espacios propios y comunes.
La Encovi 2014 recogió datos de tenencia de la vivienda en el país. El estudio refiere que alrededor de 1.600.000 hogares no son propietarios del inmueble. Alfredo Cilento, arquitecto y profesor de la USB, señaló que la vivienda en alquiler en Venezuela sigue siendo relevante, porque hay un sector importante de la población que necesita de este mercado al no poder acceder a la compra de una casa o apartamento. “Hay mucho desestímulo para el alquiler y este aspecto también colabora con la proliferación de viviendas en los barrios”, indicó.
Gestión cuestionada
La Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor fue lanzada por Hugo Chávez en 2009 durante uno de sus programas dominicales Aló Presidente. Desde que fue fundada, la gestión de este programa ha sido blanco de críticas y denuncias orientadas, en general, a señalar que solo se realizaron reparaciones cosméticas, que se rehabilitaron viviendas que luego colapsaron por estar en zonas inestables, a la entrega sin control de materiales en los campamentos militares instalados en barrios y a la falta de acompañamiento técnico. En 2012 el programa quedó fuera de la vitrina de los planes gubernamentales y fue relanzado en 2013 por el presidente Nicolás Maduro, quien puso al frente al general de la GNB Manuel Quevedo.
Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda y Hábitat 2014, el objetivo del programa incluye la dotación de todos los servicios públicos, la planificación urbanística, la reubicación, rehabilitación y sustitución de vivienda y la autoformación comunal. El apoyo, en la primera etapa del programa, consistió en dotación de cemento, bloques, cabillas, techos, vigas y pintura para mejorar las casas. Ahora se incorporó la entrega de ventanas, puertas y piezas sanitarias.
El documento indica que la misión enfrentó en 2014 obstáculos como “los largos procesos de importación de equipos y maquinarias”, “los largos procesos para la adquisición de materiales y equipos de construcción” y “la falta de conformación de comunas” en los lugares escogidos. En la Cota 905 los vecinos confirmaron que las gestiones se realizan a través de los distintos consejos comunales.
El documento reseña que el presupuesto del año pasado fue de 7.159.037.454 bolívares y que fueron rehabilitadas 10.981 viviendas en barrios sectores de pobreza extrema –beneficiando a 1.188.818 hogares en todo el país, casi la misma cantidad de viviendas ubicadas en zonas con declaratoria oficial de riesgo, según los datos de la Encovi–, pero no dan mayores detalles sobre cuáles son las áreas y en qué consistió el proceso. La cobertura de la misión, en todo caso, no es la del comienzo. Según datos oficiales, durante los primeros 10 meses del programa se atendieron 33.000 casas, tres veces más que las rehabilitadas el año pasado.
