Venezuela desentona en la región al desacatar fallos de Corte IDH
Defensores de tres países afirman que fallos del organismo deben cumplirse
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Defensores de Perú, Bolivia y Panamá afirman que fallos de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento y no aceptan revisión CORTESIA
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
martes 4 de octubre de 2011 12:00 AM
Si los Estados latinoamericanos que están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos formaran una orquesta, pues Venezuela, con sus desacatos y constantes ataques a ese organismo, sería un violín, un clarinete o un piano desafinado.
Mientras los máximos voceros de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano casi al unísono se escudan en la soberanía, independencia y autodeterminación para justificar su incumplimiento a la más reciente decisión del tribunal internacional, en la cual le ordenó al Estado que le permita al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, presentarse a las elecciones previstas para 2012, en el resto de la región la tonada es distinta.
El Universal conversó con los defensores del Pueblo de Panamá, Perú y de Bolivia para conocer sus posturas y las de sus Estados frente a los pronunciamientos del juzgado con sede en San José (Costa Rica).
¿Los Estados deben cumplir las sentencias de la Corte Interamericana o pueden decidir cuál acatan y cuál no? A esta pregunta la defensora panameña, Patria Portugal, respondió sin dudar: "Los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos y ningún los Estados puede seleccionar qué cumplir y qué no".
Aunque reconoció que el sistema interamericano tiene fallas y que requiere cambios, la funcionaria centroamericana salió en su defensa y cuestionó, aunque sin mencionar a nadie, a aquellos que lo atacan.
"Si usted es parte de una organización y ha firmado convenios internacionales que le establecen obligaciones, pues tienes que cumplir con esas obligaciones, sino para qué firmas nada", afirmó Portugal, quien años atrás llevó a Panamá ante el tribunal regional para que respondiera por la muerte y desaparición de su padre durante la dictadura del general Omar Torrijos (1969-1981).
En similares términos se pronunció el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien descartó que su país en algún momento pueda desacatar abiertamente una decisión de la Corte por el sencillo hecho de que él aceptó someterse a la jurisdicción de ese organismo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando firmó la Convención Americana.
"Todos aquellos convenios suscritos por el Estado estamos obligados a cumplirlos", sentenció, al tiempo que reconoció la labor del sistema interamericano en la recuperación o conquista de derechos fundamantales a sus compatriotas.
La posición boliviana, cuyo presidente (Evo Morales) es uno de los aliados más estrechos del presidente Hugo Chávez, contrasta con la asumida por funcionarios venezolanos.
Para las autoridades políticas, administrativas y judiciales peruanas las decisiones provenientes de San José también son mandatos que se deben acatar sin chistar. Así lo dejó en claro el defensor adjunto para Conflictos Sociales, Rodolfo Duque.
El funcionario aseguró que los tribunales del país andino revisan los fallos del juzgado regional, pero no para ver si los cumplen o no, sino "para ver cómo adecuarlos a las condiciones peruanas, sobretodo en lo que tiene que ver con el ámbito económico".
De las 25 sentencias que la Corte ha dictado contra Perú, en 14 de ellas las autoridades habían cumplido al menos con la parte de las reparaciones materiales a las víctimas. En contraposición de los 12 fallos contra Venezuela, los funcionarios nacionales apenas han ejecutado parcialmente dos y lo que cumplieron fue precisamente lo referido con las indemnizaciones, aunque hay otros casos, como las desapariciones forzadas de Vargas, que ni siquiera eso se ha materializado.
Mientras los máximos voceros de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano casi al unísono se escudan en la soberanía, independencia y autodeterminación para justificar su incumplimiento a la más reciente decisión del tribunal internacional, en la cual le ordenó al Estado que le permita al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, presentarse a las elecciones previstas para 2012, en el resto de la región la tonada es distinta.
El Universal conversó con los defensores del Pueblo de Panamá, Perú y de Bolivia para conocer sus posturas y las de sus Estados frente a los pronunciamientos del juzgado con sede en San José (Costa Rica).
¿Los Estados deben cumplir las sentencias de la Corte Interamericana o pueden decidir cuál acatan y cuál no? A esta pregunta la defensora panameña, Patria Portugal, respondió sin dudar: "Los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos y ningún los Estados puede seleccionar qué cumplir y qué no".
Aunque reconoció que el sistema interamericano tiene fallas y que requiere cambios, la funcionaria centroamericana salió en su defensa y cuestionó, aunque sin mencionar a nadie, a aquellos que lo atacan.
"Si usted es parte de una organización y ha firmado convenios internacionales que le establecen obligaciones, pues tienes que cumplir con esas obligaciones, sino para qué firmas nada", afirmó Portugal, quien años atrás llevó a Panamá ante el tribunal regional para que respondiera por la muerte y desaparición de su padre durante la dictadura del general Omar Torrijos (1969-1981).
En similares términos se pronunció el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien descartó que su país en algún momento pueda desacatar abiertamente una decisión de la Corte por el sencillo hecho de que él aceptó someterse a la jurisdicción de ese organismo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando firmó la Convención Americana.
"Todos aquellos convenios suscritos por el Estado estamos obligados a cumplirlos", sentenció, al tiempo que reconoció la labor del sistema interamericano en la recuperación o conquista de derechos fundamantales a sus compatriotas.
La posición boliviana, cuyo presidente (Evo Morales) es uno de los aliados más estrechos del presidente Hugo Chávez, contrasta con la asumida por funcionarios venezolanos.
Para las autoridades políticas, administrativas y judiciales peruanas las decisiones provenientes de San José también son mandatos que se deben acatar sin chistar. Así lo dejó en claro el defensor adjunto para Conflictos Sociales, Rodolfo Duque.
El funcionario aseguró que los tribunales del país andino revisan los fallos del juzgado regional, pero no para ver si los cumplen o no, sino "para ver cómo adecuarlos a las condiciones peruanas, sobretodo en lo que tiene que ver con el ámbito económico".
De las 25 sentencias que la Corte ha dictado contra Perú, en 14 de ellas las autoridades habían cumplido al menos con la parte de las reparaciones materiales a las víctimas. En contraposición de los 12 fallos contra Venezuela, los funcionarios nacionales apenas han ejecutado parcialmente dos y lo que cumplieron fue precisamente lo referido con las indemnizaciones, aunque hay otros casos, como las desapariciones forzadas de Vargas, que ni siquiera eso se ha materializado.
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