Dos semanas después de que el Estado venezolano fue severamente cuestionado en la evaluación periódica de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos, el gobierno anunció un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Gobierno elabora plan de DD HH sin realizar diagnóstico previo

Las propuestas en materia de derechos humanos para el período 2015 y 2019 se hicieron sin identificar con precisión los problemas que se quieren solucionar y evadiendo las mayores angustias de los venezolanos. El gobierno presentó su plan a pocos días de haber sido severamente cuestionado durante los exámenes de la ONU en Ginebra y tras ejecutar medidas que se salen de los parámetros de protección, como la resolución 8610, que autoriza el uso de la fuerza letal en el control de manifestaciones; las razzias de las OLP con la intención de frenar la violencia criminal, que suma 231.562 asesinatos en 16 años; o la deportación masiva por el cierre de la frontera y la consecuente crisis humanitaria en Colombia. El documento, cuya discusión comenzó el 15 de julio y culminará el 30 de septiembre, se ciñe a la ideología chavista y su aprobación definitiva está en manos del presidente Nicolás Maduro

EDGAR LÓPEZ
ELOPEZ@EL-NACIONAL.COM20 DE SEPTIEMBRE 2015 - 12:01 AM

Dos semanas después de que el Estado venezolano fue severamente cuestionado en la evaluación periódica de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos, el gobierno anunció un Plan Nacional de Derechos Humanos. En las sesiones de Ginebra quedaron expuestas las más profundas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo que en los últimos 16 años ha habido 231.562 asesinatos en el país, lo cual lo hace el segundo más peligroso del mundo, con una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Sin embargo, el documento presentado, cuya consulta finaliza en 10 días, no hace ninguna mención a esa realidad.

El 14 de julio, al día siguiente del primer ensayo de las razzias militares y policiales denominadas Operación de Liberación y Protección del Pueblo, con un saldo inicial de 18 personas muertas en la Cota 905 de Caracas, el vicepresidente Jorge Arreaza encabezó el acto protocolar de lanzamiento del plan, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Acompañado de otros miembros del Ejecutivo, de las máximas autoridades de los poderes Judicial y Ciudadano, así como de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la senadora colombiana Piedad Córdoba, entre otros invitados extranjeros, Arreaza puntualizó que la propuesta gubernamental para articular las políticas públicas en materia de derechos humanos durante el período 2015-2019 estaba basada en “la Constitución Bolivariana de 1999, la ideología del Libertador Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y del Comandante Chávez”.

Desde el primer día surgió el riesgo de exclusión de los que no comparten el proyecto político oficialista, lo cual, en sí mismo, constituye una violación al principio de no discriminación consagrado en la carta magna y en los tratados internacionales. Sin embargo, el vicepresidente invitó a todos los sectores del país a leer y a hacer aportes al documento que, en su opinión, “presenta metas a cumplir de manera casi que inmediatamente”.

Parecía una invitación sincera a discutir sobre los mayores agobios de la población: el auge incontrolado de la criminalidad, la escasez de alimentos, la crisis del sistema de salud público y a encontrar soluciones de manera consensuada. En las sesiones de consulta, sin embargo, quedó en evidencia que el plan no será suficiente para dar respuesta a los problemas del venezolano.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y principal artífice del plan, Larry Devoe, al ser consultado por una reportera de un medio público sobre la pertinencia de incorporar al debate la crisis humanitaria causada por la extensión de OLP a la frontera con Colombia y el consecuente desplazamiento forzoso de más de 16.000 colombianos, no ocultó su incomodidad y evadió los requerimientos periodísticos.

Devoe apareció en el gabinete ministerial, al regreso de presidente Nicolás Maduro de su gira por Asia y sería uno de los participantes del foro internacional con el que se pretende demostrar que el Estado venezolano no se ha excedido durante la intervención militar en la frontera con Colombia.

Aquella vez, sin embargo, Devoe insistió a la reportera en que la propuesta del gobierno no podía fundamentarse en situaciones coyunturales: “Este es un plan que ha sido preparado para avanzar estructuralmente en el fortalecimiento de los avances del país en materia de todos los derechos humanos”. Al fondo del escenario del auditorio Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, donde se han realizado varias jornadas de consulta del plan, una gran pancarta reiteraba la resistencia del gobierno a admitir que existen problemas: “Venezuela, un país garante de los derechos humanos”.

La violencia, la corrupción y la multiplicidad de delitos asociados al contrabando de extracción son problemas de vieja data. En palabras del presidente Nicolás Maduro: “La frontera se nos pudrió”. Y los métodos empleados en esta oportunidad para combatirlos también son viejos, pues las OLP constituyen la reedición de las redadas indiscriminadas que hacían los “pantaneros” de la extinta Policía Metropolitana en los barrios de Caracas durante la década de los noventa, o de los operativos Madrugonazo al Hampa (2009) y Madriguera (2013). Lo que para Devoe es un asunto coyuntural es un problema estructural de décadas.

Pablo Fernández, quien fue director de la ONG Red de Apoyo para la Justicia y la Paz (una de las pocas que suscriben el plan), y luego secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme, alertó, en febrero de 2011, sobre una especie de esquizofrenia de la política de Estado: “Por una parte, se promueve un nuevo modelo policial y hasta se crea una universidad para formar a los funcionarios con énfasis en el respeto de los derechos humanos; y por la otra, se reeditan las peores prácticas asociadas a las ideas de mano dura y plomo al hampa. Estos madrugonazos constituyen actos de violación de derechos humanos por donde los veas”.

Entre lo poco que refiere el Plan Nacional de Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana destaca una reflexión sobre “el clasismo que históricamente ha caracterizado la actuación de los cuerpos de policía, y que se ha traducido en una doble victimización de los sectores populares, al ser las principales víctimas de los delitos más violentos, y también los principales destinatarios de las medidas de represión impulsadas para contener estos hecho”.

En la lógica de Devoe, en el debate sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos no entran los 23 planes de seguridad que ha ensayado el gobierno desde 1999. “El diagnóstico del país en materia de seguridad lo hizo en su momento la Gran Misión A toda Vida Venezuela, que está incorporada, a su vez, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Este no pretende definir en detalle la política del Estado en cada una de las áreas; este es un plan que debe, que toma para sí y que se complementa con todas las políticas que en nuestro país se vienen desarrollando y ejecutando. La política de seguridad del país no está en el Plan Nacional de Derechos Humanos, está en la Gran Misión A toda vida Venezuela”, insistió el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, advierte que si el plan no tiene diagnósticos precisos, tampoco podrá tener objetivos, estrategias ni acciones apropiadas: “Un plan no se construye en el vacío, sino a partir de una realidad y unas necesidades concretas. Esas necesidades abarcan las que pueda observar el ente planificador y las que detecten los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es imprescindible identificar con claridad y honestidad las falencias para encontrar soluciones integrales a problemas generalmente complejos”.

Las posibilidades de que el plan no pase de ser una mera formalidad sin mayor efectividad son altas, en opinión del jurista. “Pero lo peor que puede ocurrir es que el gobierno insista en desarrollar la acción del Estado en materia de derechos humanos sobre la base de elucubraciones, como la guerra económica, para intentar justificar problemas tan graves como la escasez de alimentos. Un plan nacional de derechos humanos debe diseñarse a partir de un análisis de la realidad concreta y no de un discurso ideológico que no tiene nada que ver con lo que la gente está sufriendo”.

La elaboración y ejecución de un plan nacional de derechos humanos es una demanda reiterada de los activistas venezolanos. En 1997 las ONG de mayor trayectoria en el país formularon la “Agenda por la Vida”, integrada por 104 propuestas. Ese documento no encontró acogida en el gobierno de Rafael Caldera y se postergó indefinidamente desde el ascenso de Hugo Chávez al poder. El ingreso de Venezuela al Mercosur y a varias instancias de la ONU habría motivado el compromiso del gobierno a saldar la deuda.

Debate corto y sesgado. Se supone que el Plan Nacional de Derechos Humanos es “una propuesta” que se nutrirá de los aportes de la consulta pública que comenzó el 15 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Hasta el 27 de agosto, aseguró Devoe, habían participado 30.000 personas, en asambleas realizadas en casi todo el país, así como a través de los cuestionarios que se distribuyen en plazas públicas y, de manera online en la página web del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

La jornada que reunió a las organizaciones de afrodescendientes, el 14 de agosto, comenzó con el Himno Nacional cantado por el difunto presidente Hugo Chávez, y la mayoría de los asistentes no tuvo ningún inconveniente en corearlo. Al comienzo de la actividad, el moderador del evento pidió que se concentraran en la nave central del auditorio de la Biblioteca Nacional: “Lo más adelante que puedan, porque vamos a una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión”. Seis personas, previamente escogidas por los organizadores tuvieron derecho de palabra y, entre otras cosas, solicitaron erradicar los estereotipos racistas en los medios de comunicación, incluir la etnicidad y el enfoque de género en todas las políticas públicas y crear un ministerio para los afrodescendientes, como lo tienen los pueblos y comunidades indígenas.

En el Teatro Bolívar, el 20 de agosto, se congregaron algunos representantes de medios de comunicación para debatir sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos. El presidente de Conatel, William Castillo, dedicó la mayor parte de su intervención a denunciar el uso de la prensa para desprestigiar al gobierno y como instrumento de la violencia. La periodista Vanessa Davies, directora del Correo del Orinoco, fue una de las seis que tuvo acceso al micrófono. En tono autocrítico dijo que en algunos medios públicos se presenta a Venezuela como si fuera Disneylandia: “Tampoco es que estamos en el apocalipsis, pero no estamos haciendo periodismo como deberíamos y le deberíamos dar cabida a las violaciones de derechos humanos”.

Davies recibió aplausos, cosa que no ocurrió cuando la presidenta de la Cámara de Radiodifusión, Enza Carbone, puso en duda los logros en materia de democratización de los medios e instó al presidente de Conatel a certificar que el sector público controla la mayoría de las frecuencias y que hay 1.500 radioemisoras clandestinas. El murmullo que por poco llega al abucheo inundó la sala. La consulta con los comunicadores no demoró más de 3 horas y concluyó con canciones de Alí Primera.

La sesión en que se hizo la consulta a aproximadamente 150 organizaciones y movimientos sociales de todo el país dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos fue distinta. Los asistentes se distribuyeron en 9 mesas de trabajo para discutir el contenido del plan, en lo cual se ocuparían todo el día.

En la mesa 1, Edgar Carrasco, pionero en la lucha por los derechos de las personas que viven con VIH, abrió fuegos: “El plan no incluye un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Venezuela que permita visibilizar los problemas y diseñar las acciones necesarias y eficaces para resolverlos. Además está determinado por la idea de democracia socialista, de modo que parece un plan político del PSUV, en vez de un plan que incluya a todos los sectores del país, sin sesgos ideológicos”.

A Carrasco lo secundó otro veterano luchador social, José Gregorio Delgado, de la Escuela de Vecinos de Venezuela: “La democracia no tiene apellidos y hay un sector de la población venezolana que no está de acuerdo con el tipo de socialismo que promueve el gobierno. Es un error supeditar la defensa de los derechos humanos a los intereses del gobierno de turno”.

Antonio González, ex integrante de Provea y ahora miembro de la Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela Surdh, replicó: “El gobierno tiene derecho de orientar sus políticas públicas. La democracia socialista es un modelo de sociedad avalado electoralmente por las mayorías y no necesariamente excluyente”. Ciro Casique, de la Alianza Sexo-Género Diversa Revolucionaria, fue más allá y propuso que el Plan Nacional de Derechos Humanos se pensara y desarrollara desde la comuna en tanto modelo de participación ciudadana promovido por el oficialismo.

En el documento sometido a consulta se verifica la sujeción de la propuesta al Plan de la Patria, un plan de gobierno diseñado por Chávez. “Toda acción del Estado venezolano debe ser congruente y estar enmarcada dentro del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019. De allí que el Plan Nacional de Derechos Humanos no puede constituir una propuesta aislada que en nada contribuya a los Grandes Objetivos Históricos trazados para la nación en los años venideros. Por tal razón, cada uno de los ejes estructurantes de este plan, sus líneas estratégicas y acciones programáticas buscan generar las condiciones que permitan alcanzar los objetivos que en materia de derechos humanos contiene el Plan de la Patria”.

Las ONG dicen. La coalición de ONG de derechos humanos Foro por la Vida tiene observaciones de forma y de fondo a este plan. Consideran que el lapso de dos meses y medio establecido para llevar a cabo la consulta es insuficiente y que se debe garantizar la viabilidad técnica del plan, a cuyos efectos proponen solicitar la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Además, creen que la propuesta gubernamental requiere “un contexto propicio para su discusión y posterior implementación, que amerita decisiones impostergables como la apertura del diálogo político que incluya diferentes visiones, la revisión de la situación de los presos políticos, la derogación de la resolución 008610, el retiro de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de Venezuela y el cumplimiento de las sentencias y medidas provisionales y cautelares que ha dictado el sistema interamericano”.

El procesamiento de los aportes al plan, a efectos de la consulta pública tenga sentido, es otra de las inquietudes. “En la secretaría del Consejo Nacional de Derechos Humanos, tenemos un equipo para sistematizar esos aportes. El equipo lo integra la secretaría, de la cual forman parte organizaciones de derechos humanos con trayectoria en nuestro país, e incluso reconocida y acreditada ante Naciones Unidas. Se están identificando los elementos comunes de todas las propuestas para incorporarlos al plan definitivo, que se someterá a consideración de nuestro presidente Nicolás Maduro, a efectos de su definitiva aprobación”, señala Devoe.

El plan también recogerá las inquietudes del ciudadano de a pie. Desde el mes pasado, en la plaza Bolívar de Caracas hay un toldo rojo donde debía estar funcionando un centro de acopio de propuestas de los ciudadanos para nutrir el Plan Nacional de Derechos Humanos. El día que las ONG tuvieron acceso al debate, Sacha Belisario, era la única presente en el toldo para dar explicaciones: “Yo pertenezco a la agrupación Identidad Caraqueña, del Gobierno del Distrito Capital, que está apoyando en la parte cultural. Estamos en las plazas Brión y Catia. Hoy no hicimos encuestas porque toda la gente se fue para el Poliedro a un encuentro de mujeres. Yo estoy sola para distribuir fotocopias del tríptico explicativo del plan y para asistir al músico que hoy tenemos para llamar la atención de la gente”. Un joven con guitarra, flanqueado por dos pendones que repetían que Venezuela es un país garante de los derechos humanos, cantaba el bolero “Lágrimas negras”. El evangélico que vociferaba diez metros más allá logró aglutinar más transeúntes que el músico.

¿Emanciparse de quién?

El primer eje programático del Plan Nacional de Derechos Humanos se denomina “construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos”, lo cual se comprende un poco más con la lectura del cuarto eje, referido a la relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos desde una visión transformadora.

El gobierno propone la creación de instancias internacionales de protección de derechos humanos en Unasur, Celac, Alba y Mercosur, así como de nuevos instrumentos normativos. Se trata de la aspiración a un derecho internacional para América Latina, distinto y distante del sistema interamericano, como una consecuencia del progresivo deterioro de las relaciones entre el Estado venezolano y la Comisión y la Corte Interamericana a partir del ascenso del chavismo al poder, al extremo de que en septiembre de 2012 Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el plan sometido a consulta pública hay una aparente contradicción: se pretende la reforma de Naciones Unidas, pero se reconoce la validez de sus recomendaciones (se hace mención expresa a las formuladas durante el Examen Periódico Universal, en 2012), al punto de que se refieren como una de las fuentes para elaborar la propuesta gubernamental.

Lo más concreto es que en la evaluación que se llevó a cabo en 2012, el Estado venezolano rechazó 38 recomendaciones que los Estados Parte de la ONU le hicieron durante el EPU, la mayoría relativas al respeto a la libertad de expresión y la independencia judicial. Además, han sido reiteradamente rechazadas las resoluciones de otras instancias de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (2014-2015), el Comité contra la Tortura (2014-2015), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2015) y el Comité de Derechos Humanos (2015). En todos los casos, la soberanía y la no intervención en los asuntos internos se repitieron como argumentos.

¿Y los presos políticos?

El plan tiene entre sus metas asegurar la estricta aplicación del principio de juicio, favoreciendo las medidas alternativas a la privación de libertad. En la práctica, el gobierno ha marchado sostenidamente en sentido contrario. Para muestra dos casos: el presidente Hugo Chávez pidió 30 años de cárcel para la jueza María Lourdes Afiuni, pocas horas después de su detención, y el presidente Nicolás Maduro exigió a la jueza Susana Barreiros que condenara a Leopoldo López el primer día del juicio en su contra.

En los registros del Foro Penal Venezolano aparecen 27 presos en el Sebin (entre ellos 6 tuiteros y el director de la Federación de Licorerías, Fray Roa, por difundir informaciones que molestaron al gobierno), 17 en cárceles militares, 20 en cárceles comunes (incluidos 5 imputados por abuchear a Marlenys Contreras, ministra de Turismo y esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello), y 5 en comandancias de policías.

¿Y la escasez de alimentos?

Los estudios de opinión que indican que la escasez de alimentos es una de las principales preocupaciones de los venezolanos se pueden verificar a diario en las colas que se hacen frente a los mercados.

No obstante, en el Plan Nacional de Derechos Humanos no se plantea esta problemática y se limita a destacar lo que el gobierno califica como logros. Es más una Memoria y Cuenta. El documento destaca que “se creó una red de abastecimiento de alimentos del Estado que ha permitido el aumento del número de comidas por día a la población venezolana, y en consecuencia, el incremento de la ingesta calórica diaria, la reducción de la desnutrición infantil, y la reducción del hambre. Actualmente, 94,6% de la población consume 3 comidas y más al día, el 5,2% come 2 comidas, y tan solo el 0,2% una comida al día”.

En la propuesta se hace otra promesa que contrasta con la realidad: “Continuar reforzando las políticas y programas dirigidos a incrementar la producción nacional de alimentos y el pleno abastecimiento, en el marco de conquista de la seguridad y soberanía alimentaria. Fortalecer las estrategias de promoción de patrones alimentarios sanos, balanceados y sustentados en alimentos autóctonos”.

Transformación de la justicia, del dicho al hecho

De acuerdo con el esbozo que hace el plan sobre el acceso a la justicia pareciera que las cosas en los tribunales no marchan tan mal. Pero los hechos revelan que las máximas autoridades del sistema de administración de justicia son los responsables de desvirtuar la principal garantía de independencia y autonomía del Poder Judicial: el ingreso y ascenso a la carrera judicial por concursos de oposición públicos y abiertos, como lo establece la Constitución.

En junio, por boca del magistrado suplente Luis Damiani, el Estado reconoció ante la ONU que 66% de los jueces venezolanos ejercen sus cargos con carácter provisorio, lo cual significa que no tienen estabilidad laboral y son más vulnerables a presiones.

Lo que no dijo Damiani es que la Comisión Judicial (una instancia sin fundamento constitucional) sigue designando jueces a dedo y tampoco que los puede destituir de un plumazo, porque sus colegas de la Sala Constitucional dejaron sin efecto las garantías del debido proceso establecidas en el Código de Ética del Juez.

En el plan también se propone “reforzar los mecanismos de coordinación y articulación entre los integrantes del sistema de justicia, previstos en la Ley del Sistema de Justicia”. Pero se omite una obviedad: esa ley es letra muerta porque desde 2009 está pendiente la creación de la Comisión Nacional de Justicia, precisamente la instancia articuladora.

La salud desintegrada

A pesar de que las deficiencias de infraestructura, insumos, medicinas y personal del sistema público de salud se han vuelto críticas, el plan solo contiene menciones aisladas sobre algunos aspectos de la problemática y hace énfasis en lo que se consideran avances: “Se ha incrementado la infraestructura para la atención, poniendo a disposición de la comunidad más de 6.172 consultorios populares, 584 Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 584 Salas de Rehabilitación Integral, 35 Centros de Alta Tecnología. Esta infraestructura ha permitido ampliar la cobertura del derecho a la salud y la universalización de la red de atención primaria”.

Llama la atención la mención expresa de la necesidad de garantizar los derechos humanos en los establecimientos privados de salud, al tiempo que se omite la deuda legislativa para articular el sistema nacional de salud pública.

Algunas propuestas específicas implican trámites complejos y largos plazos. Por ejemplo, se propone dictar normas de rango sublegal para favorecer a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Pero los pacientes oncológicos del hospital J. M. de los Ríos no pueden esperar por el Tribunal Supremo de Justicia, que desde marzo de 2015 tiene una acción de protección en sus manos y pudiera resolver en forma definitiva las deficiencias de dotación de medicamentos e insumos, pero aún no responde. 

La prensa silenciada

El plan se hace eco de la retórica del gobierno: “En el derecho a la libertad de expresión se han democratizado los medios de expresión y comunicación, así como el acceso al espacio radioeléctrico y a la información, garantizando a todos y todas el ejercicio de un derecho que históricamente fue monopolizado por los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, quienes además intentaron configurar el contenido y límite del derecho conforme a sus propios intereses de mercado”.

“Como resultado de este proceso se han creado 1.225 medios alternativos y comunitarios, que coexisten con los comerciales y públicos; se han creado 244 emisoras en todo el país; se han otorgado 139 concesiones a emisoras en Frecuencia Modulada (FM), con lo que el número se elevó a 469 emisoras en todo el país; y se han creado 37 televisoras comunitarias”.

Ni remotamente se refiere el cierre de RCTV, en 2007, y de 34 emisoras en 2009, como tampoco que el riesgo de no renovación de concesiones pende sobre más de 300 canales de radio, según la Cámara de Radiodifusión. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena el restablecimiento de la concesión a RCTV sería otro de los asuntos “coyunturales” (como los denomina Larry Devoe) que quedarían fuera del debate. Al respecto cabe recordar que el Estado sólo ha acatado parcialmente dos sentencias (El Amparo y El Caracazo) del total de 17 condenatorias contra Venezuela dictadas por el máximo tribunal hemisférico.

Otros mecanismos indirectos de censura, como los obstáculos para adquirir papel periódico o el hostigamiento mediante procedimientos administrativos y judiciales tampoco figuran en la propuesta gubernamental.