El carabobeño 22 junio 2011
Que la corrupción de los Poderes Públicos sea aceptada por los voceros del gobierno, que consideran ese flagelo como existente en los Poderes Públicos sin que la "revolución" halla trabajado para corregir esa situación, no es más que el reconocimiento expreso pero sincero, del fracaso del actual gobierno en el manejo de las instituciones públicas.
La valentía de Escarrá al señalar la corrupción del Poder Judicial entre otros, no deja de ser la aseveración de lo dicho por la Oposición sobre el fracaso de la revolución en el mejoramiento y adecentamiento de los Poderes Públicos, esta denuncia en boca de un miembro de la Oposición hubiese sido desvirtuada, ridiculizada y minimizada por los representantes del Ejecutivo Nacional. Ahora bien, Escarrá acusó a Jueces y Fiscales no era necesario hacerlo contra funcionarios del Ejecutivo Nacional o personeros vinculados al Poder Ejecutivo que han sido denunciados públicamente y ante organismos competentes, analizado en un contexto de sana administración debe ser investigado de una manera amplia por la Asamblea Nacional, por la Fiscal General de la República, por la Contraloría General de la República para determinar la grave denuncia que se formuló.
Si unimos las denuncias de corrupción que se han efectuado y ahora avaladas por el diputado Escarrá, vocero de la Coordinación Jurídica del PSUV, con la crisis eléctrica, con la crisis económica, con la quiebra de las empresas básicas de Guayana, con las expropiaciones con características de confiscación, con el alto costo de la vida, con la crisis hospitalaria y ahora para rematar con el descubrimiento de una crisis carcelaria provocada no se sabe por quién y en la cual no se sabe cómo ingresaron armas larga de fuego de alta potencia, hoy en manos de los presos, así como instrumentos de alta tecnología, no es otra cosa que la clara demostración de la fractura moral de las instituciones del Estado, aunado a la carencia de un Presidente de la República que se haga presente para regir los destinos de la nación.
Luis T. Izaguirre T. || La corrupción de los poderes
La corrupción de los poderes
Tomasin@hotmail.com
Las últimas declaraciones suministradas por el diputado Carlos Escarrá en la 41 Brigada Blindada de Valencia, y en presencia del diputado Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional, quien no desmintió la denuncia del diputado, pone en evidencia que los Poderes Públicos del Estado están corroídos por altos índices de corrupción que ha sido denunciado constantemente por la Oposición.Que la corrupción de los Poderes Públicos sea aceptada por los voceros del gobierno, que consideran ese flagelo como existente en los Poderes Públicos sin que la "revolución" halla trabajado para corregir esa situación, no es más que el reconocimiento expreso pero sincero, del fracaso del actual gobierno en el manejo de las instituciones públicas.
La valentía de Escarrá al señalar la corrupción del Poder Judicial entre otros, no deja de ser la aseveración de lo dicho por la Oposición sobre el fracaso de la revolución en el mejoramiento y adecentamiento de los Poderes Públicos, esta denuncia en boca de un miembro de la Oposición hubiese sido desvirtuada, ridiculizada y minimizada por los representantes del Ejecutivo Nacional. Ahora bien, Escarrá acusó a Jueces y Fiscales no era necesario hacerlo contra funcionarios del Ejecutivo Nacional o personeros vinculados al Poder Ejecutivo que han sido denunciados públicamente y ante organismos competentes, analizado en un contexto de sana administración debe ser investigado de una manera amplia por la Asamblea Nacional, por la Fiscal General de la República, por la Contraloría General de la República para determinar la grave denuncia que se formuló.
Si unimos las denuncias de corrupción que se han efectuado y ahora avaladas por el diputado Escarrá, vocero de la Coordinación Jurídica del PSUV, con la crisis eléctrica, con la crisis económica, con la quiebra de las empresas básicas de Guayana, con las expropiaciones con características de confiscación, con el alto costo de la vida, con la crisis hospitalaria y ahora para rematar con el descubrimiento de una crisis carcelaria provocada no se sabe por quién y en la cual no se sabe cómo ingresaron armas larga de fuego de alta potencia, hoy en manos de los presos, así como instrumentos de alta tecnología, no es otra cosa que la clara demostración de la fractura moral de las instituciones del Estado, aunado a la carencia de un Presidente de la República que se haga presente para regir los destinos de la nación.
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