Escuelas del delito
Transformar esas escuelas de delincuentes que son las cárceles es una necesidad imperiosa
LUIS IZQUIEL | EL UNIVERSAL
viernes 7 de febrero de 2014
El último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirma que la situación del sistema carcelario sigue siendo desastrosa. El hacinamiento, el retardo procesal, la proliferación de armas de fuego y la pérdida absoluta de control por parte del Estado, constituyen elementos que imposibilitan que los penales del país puedan cumplir hoy con su función primordial: facilitar la reinserción social de los reclusos.
El estudio del OVP señala que en 2013 fueron asesinados 506 reclusos en las cárceles del país. Desde 1999 han fallecido de forma violenta 6.130 presos (1.313 desde la creación del Ministerio Penitenciario). Estos números reflejan que en Venezuela existe hoy una especie de pena de muerte extrajudicial. La gran mayoría de estos homicidios fueron causados por armas de fuego, poseídas principalmente por los "pranes" y sus secuaces. Esto a pesar de que el artículo 90 de la Ley para el Desarme contempla que la FANB debe recuperar las armas que se encuentren en posesión de la población privada de libertad dentro de los recintos penitenciarios.
El retardo procesal sigue siendo la regla. El informe del OVP establece que hoy el 64% de los reclusos se encuentra en situación de procesado, sin sentencia definitivamente firme. El déficit de fiscales y de jueces penales, así como las dificultades en el traslado de los detenidos, son circunstancias que influyen en el constante diferimiento de las audiencias. No por casualidad nuestro sistema de justicia fue recientemente evaluado por una ONG internacional como el peor del mundo.
El hacinamiento penitenciario aumentó un 20,31% con respecto a 2012. Recintos carcelarios con capacidad para 16.189 reclusos, albergan hoy a más de 53.500. Las promesas de creación de nuevas cárceles no se han cumplido (con la excepción de la Comunidad Fénix, en el estado Lara, cuya construcción, todavía parcial, lleva más de 7 años). En la gestión de Iris Varela, de manera absurda, se clausuraron 6 cárceles (el Internado Judicial de Coro, La Planta, Sabaneta, los Teques, Cumaná y parcialmente Uribana).
En nuestras cárceles se presentan otros problemas, como el consumo de drogas y alcohol, discotecas, uso de celulares para cometer y planificar extorsiones, secuestros y otros delitos (no se terminan de colocar los dispositivos electrónicos para impedirlo), fugas, corrupción, torturas y falta de clasificación de los internos, entre otros. Asimismo, hoy el Estado solo destina Bs. 14 para la alimentación diaria de cada recluso.
El OVP finaliza recomendando la aplicación del artículo 272 de nuestra Constitución, el cual establece, entre otros aspectos, que las cárceles tienen que ser descentralizadas, dirigidas por penitenciaristas profesionales y deben contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte. Todo ello para asegurar la rehabilitación de los reclusos y el respeto a los derechos humanos.
Transformar esas escuelas de delincuentes que son las cárceles de Venezuela, es una necesidad imperiosa. Sin embargo, eso parece algo imposible con este gobierno.
@luisizquiel
El estudio del OVP señala que en 2013 fueron asesinados 506 reclusos en las cárceles del país. Desde 1999 han fallecido de forma violenta 6.130 presos (1.313 desde la creación del Ministerio Penitenciario). Estos números reflejan que en Venezuela existe hoy una especie de pena de muerte extrajudicial. La gran mayoría de estos homicidios fueron causados por armas de fuego, poseídas principalmente por los "pranes" y sus secuaces. Esto a pesar de que el artículo 90 de la Ley para el Desarme contempla que la FANB debe recuperar las armas que se encuentren en posesión de la población privada de libertad dentro de los recintos penitenciarios.
El retardo procesal sigue siendo la regla. El informe del OVP establece que hoy el 64% de los reclusos se encuentra en situación de procesado, sin sentencia definitivamente firme. El déficit de fiscales y de jueces penales, así como las dificultades en el traslado de los detenidos, son circunstancias que influyen en el constante diferimiento de las audiencias. No por casualidad nuestro sistema de justicia fue recientemente evaluado por una ONG internacional como el peor del mundo.
El hacinamiento penitenciario aumentó un 20,31% con respecto a 2012. Recintos carcelarios con capacidad para 16.189 reclusos, albergan hoy a más de 53.500. Las promesas de creación de nuevas cárceles no se han cumplido (con la excepción de la Comunidad Fénix, en el estado Lara, cuya construcción, todavía parcial, lleva más de 7 años). En la gestión de Iris Varela, de manera absurda, se clausuraron 6 cárceles (el Internado Judicial de Coro, La Planta, Sabaneta, los Teques, Cumaná y parcialmente Uribana).
En nuestras cárceles se presentan otros problemas, como el consumo de drogas y alcohol, discotecas, uso de celulares para cometer y planificar extorsiones, secuestros y otros delitos (no se terminan de colocar los dispositivos electrónicos para impedirlo), fugas, corrupción, torturas y falta de clasificación de los internos, entre otros. Asimismo, hoy el Estado solo destina Bs. 14 para la alimentación diaria de cada recluso.
El OVP finaliza recomendando la aplicación del artículo 272 de nuestra Constitución, el cual establece, entre otros aspectos, que las cárceles tienen que ser descentralizadas, dirigidas por penitenciaristas profesionales y deben contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte. Todo ello para asegurar la rehabilitación de los reclusos y el respeto a los derechos humanos.
Transformar esas escuelas de delincuentes que son las cárceles de Venezuela, es una necesidad imperiosa. Sin embargo, eso parece algo imposible con este gobierno.
@luisizquiel
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