La delegación del Estado venezolano que fue a Ginebra a rendir cuentas sobre la situación de los derechos humanos en el país reveló los indicadores de impunidad que deliberadamente se han ocultado en los últimos informes anuales del Ministerio Público: entre 2011 y 2014 la Fiscalía recibió 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos y solo 3,10% concluyó en acusaciones.
La información destaca en el informe de observaciones finales del Comité contra la Tortura que fue publicado ayer. “El Comité lamenta que la información facilitada no incluya datos oficiales actualizados sobre las sentencias y penas impuestas durante este período. Sin embargo, de acuerdo con las cifras anexas al tercer y cuarto informes periódicos combinados, entre los años 2003 y 2011 tan solo 12 funcionarios fueron sancionados por cometer actos de tortura”, se indica en el documento.
Indirectamente se da respuesta a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, que suele alegar que los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad no se investigan porque no son formalmente denunciados por las víctimas. Tal alegato fue repetido por la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, ante los 10 expertos independientes que integran el Comité contra la Tortura respecto a la violación sexual de la jueza María Lourdes Afiuni por un agente estatal mientras estuvo presa en la cárcel de muejres de Los Teques: “Despreocúpense por eso”, sugirió Berthé. Tal sugerencia no fue acogida; por el contrario, respondieron que “preocupa profundamente al Comité la información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de oficio, pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”.
Más adelante, en el informe se insiste en el caso Afiuni: “A pesar de ser este un crimen de acción pública, el Comité lamenta que no se haya iniciado investigación de oficio hasta la fecha”.
La ONU pide investigaciones eficaces y a cargo de policías y fiscales verdaderamente independientes. En casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes recomiendan incluir “a los funcionarios que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo dichos actos y no los impidieron ni los denunciaron”. No le satisfacen los resultados que presentó el Estado el 6 y 7 de noviembre, los cuales indican que de “las 185 investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por trato cruel, solo se han presentado 5 acusaciones, y las 2 investigaciones por tortura todavía siguen su curso”.
Error conceptual. La primera preocupación manifestada por el Comité contra la Tortura se refiere a las carencias de la definición del delito de tortura en el artículo 17 de la Ley contra la Tortura, “ya que solo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público. Tampoco se considera tortura bajo este artículo los dolores o sufrimientos infligidos por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos. La conducta de los funcionarios públicos que hayan instigado o consentido actos de tortura infligidos por personas naturales tampoco estaría tipificada como complicidad o participación en la tortura”. Específicamente la ONU propuso ajustar la ley a los estándares internacionales, pues ofrecen mayor protección que la ley que el gobierno presentó como un gran logro.
La Defensoría del Pueblo salió muy mal parada: “El Comité muestra su inquietud por el hecho de que la Defensoría parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución nacional responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos”.
La crítica se fundamenta en que el organismo dirigido por Gabriela Ramírez no ofreció explicaciones “acerca del resultado del 48% de las denuncias de actos de tortura o malos tratos que fueron recibidas y cerradas por la Defensoría del Pueblo entre 2002 y 2014, así como del resultado de las visitas a centros de detención realizadas”.
Los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones contra el gobierno entre febrero y junio de 2014 fueron condenados por la ONU. “El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género”, se indica en el informe.
Tragedia penitenciaria. El Estado venezolano había asegurado que en las cárceles venezolanas no existe hacinamiento porque se disponen de 51.127 plazas para un total de 50.721 presos. Sin embargo, el Comité recibió informes que dan cuenta de un hacinamiento por el orden de 190% y, por ello, reiteró al Estado la solictud de información desglosada por cada centro de reclusión y que se permita que el relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, visite Venezuela.
Lo que no podría negar el gobierno es la violencia carcelaria y, por ello, precisó que en 2014 han muerto 140 reos. En el informe se duda de la efectividad del llamado nuevo régimen penitenciario fundamentado, y se insta al Estado a evitar la instrucción militar de la población penal y a prácticas de formación castrense, entre ellas el orden cerrado.
Desde Ginebra, en conferencia de prensa, el miembro del Comité contra la Tortura, Alessio Bruni, expresó: "La situación del sistema penitenciario en Venezuela es una tragedia".
Libertad para López y Ceballos
El Comité contra la Tortura se sumó a la solicitud de liberación inmediata de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, formulada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein.
La jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, encargada del proceso penal contra López, determinó que tales solicitudes no son de obligatorio cumplimiento por las autoridades venezolanas. Como forma de protesta, el máximo líder de Voluntad Popular decidió no volver a comparecer ante Barreiros, hasta que la Corte de Apelaciones rectifique la negativa a concederle libertad. La jueza 15 de Juicio, Yhosmar González, que juzga a Ceballos, no se ha pronunciado.
El Ministerio Público precisó en Ginebra que 3.306 personas, incluidos 400 adolescentes, fueron detenidas durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas entre febrero y junio de 2014. Al respecto, el Comité señaló estar preocupado porque “informes concordantes” indican que “un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias, por no existir orden judicial ni flagrancia, como en el caso de detenciones en las residencias aledañas a los lugares de las manifestaciones (…) no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial, fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares y no habrían recibido atención médica oportunamente.
A favor de todos los presos por ejercer su derecho de expresarse y de manifestar, el Comité recomendó facilitar la impugnación de las detenciones arbitrarias y sancionar a los funcionarios responsables.
Ni la GNB ni los colectivos
El Comité contra la Tortura repudió la intervención de funcionarios militares, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana, en la represión de las manifestaciones entre febrero y junio de 2014. “Su función no es el mantenimiento del orden público y no hubo un estado de excepción o emergencia declarados”, refiere el informe y se agrega que 121 funcionarios fueron denunciados por excesos en el ejercicio de sus funciones.
Los expertos de la ONU recomendaron hacer valer el artículo 332 de la Constitución para “asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil”.
Los colectivos chavistas también fueron objeto de análisis. “El Comité expresa su preocupación ante los informes que registran un total de 437 ataques de grupos armados pro oficialistas a manifestantes durante las manifestaciones transcurridas entre febrero y abril de 2014. Según informaciones concurrentes, una gran parte de estos ataques se realizaron con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden y permanecen en la impunidad”, estableció el organismo adscrito al Consejo de Derechos Humanos.
Además de solicitar la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de delitos, el Comité pidió “diseñar con urgencia estrategias efectivas para el desarme, control y desmantelamiento de grupos civiles armados”.
Se dejó constancia de que la delegación estatal que fue a Ginebra y estuvo presidida por José Rangel Ávalos se negó a suministrar mayores detalles sobre los colectivos.
Las Cifras
667 homicidios a manos de policías ocurrieron en 2012 y otros 600 en 2013. El Comité define la situación como “un extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales”
62% de los jueces venezolanos son provisorios y vulnerables a presiones. El Comité instó a asegurar la independencia judicial mediante concursos de oposición públicos
