Sala Constitucional admite acción de nulidad
contra el artículo 59 del COPP
17 de mayo de 2012.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), en ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover,
admitió la acción de nulidad interpuesta por el ciudadano Henry
Rolando Roberts y el abogado Luis Francisco Riera, actuando su carácter
de presidente y apoderado judicial, respectivamente, de la Organización
Pro Derechos Humanos “Ong Conciencia y Dignidad”, contra el artículo
59 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cuya última reforma
fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
n.°: 5.930 (Extraordinaria) del 04 de septiembre de 2009.
Indicó la parte solicitante que el artículo 59 del COPP establece que:
"En las causas por delitos cometidos fuera del territorio de la República,
cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente,
si no existe tribunal designado expresamente por ley especial, el que
ejerza la jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia
del imputado o imputada; y, si éste o ésta no ha residido en la República,
será competente el del lugar donde arribe o se encuentre para el
momento de solicitarse el enjuiciamiento."
Constató la Sala Constitucional, luego del estudio preliminar del recurso
interpuesto, que no se advierte que el mismo esté incurso en las causales
de inadmisibilidad previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, por lo que fue admitida la acción judicial,
"sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier
estado y grado del proceso", señala la sentencia.
En vista de la admisión se ordenó remitir el expediente del caso al Juzgado
de Sustanciación de la Sala Constitucional para continuar la tramitación
del recurso. Asimismo se ordenó citar mediante oficio al Presidente de la
Asamblea Nacional; se ordenó notificar a la Fiscal General de la República,
a la Defensora del Pueblo, a la Procuradora General de la República y a
quienes interpusieron el recurso de nulidad. También se ordenó emplazar a
los interesados por medio de cartel.
Por otra parte, indica la sentencia que la parte solicitante sustentó la
medida cautelar que también planteó, en el hecho que el artículo 59
del COPP puede generar actos de efectos generales que afectan a la
colectividad "(…) debido al inicio o procesamiento (sic) penal en nuestro
país, por la comisión de Delitos Investigados o Consumados en Territorio
extranjero (sic) sin las debidas Garantías (sic)”, según esgrimieron los
ciudadanos solicitantes en el escrito presentado ante la Sala del Alto
Juzgado.
Al pronunciarse el TSJ sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión
de efectos del artículo 59 del COPP, la Sala Constitucional constató
que los solicitantes no establecieron cuáles son los posibles efectos dañinos
que la norma cuya nulidad demandaron, pueda causar a la colectividad,
por cuanto, en todo caso, su vigencia afectaría solo a los ciudadanos
venezolanos supuestamente investigados por presuntos delitos cometidos
en el extranjero, siendo declarada improcedente petición cautelar.
Justicia (TSJ), en ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover,
admitió la acción de nulidad interpuesta por el ciudadano Henry
Rolando Roberts y el abogado Luis Francisco Riera, actuando su carácter
de presidente y apoderado judicial, respectivamente, de la Organización
Pro Derechos Humanos “Ong Conciencia y Dignidad”, contra el artículo
59 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cuya última reforma
fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
n.°: 5.930 (Extraordinaria) del 04 de septiembre de 2009.
Indicó la parte solicitante que el artículo 59 del COPP establece que:
"En las causas por delitos cometidos fuera del territorio de la República,
cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente,
si no existe tribunal designado expresamente por ley especial, el que
ejerza la jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia
del imputado o imputada; y, si éste o ésta no ha residido en la República,
será competente el del lugar donde arribe o se encuentre para el
momento de solicitarse el enjuiciamiento."
Constató la Sala Constitucional, luego del estudio preliminar del recurso
interpuesto, que no se advierte que el mismo esté incurso en las causales
de inadmisibilidad previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, por lo que fue admitida la acción judicial,
"sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier
estado y grado del proceso", señala la sentencia.
En vista de la admisión se ordenó remitir el expediente del caso al Juzgado
de Sustanciación de la Sala Constitucional para continuar la tramitación
del recurso. Asimismo se ordenó citar mediante oficio al Presidente de la
Asamblea Nacional; se ordenó notificar a la Fiscal General de la República,
a la Defensora del Pueblo, a la Procuradora General de la República y a
quienes interpusieron el recurso de nulidad. También se ordenó emplazar a
los interesados por medio de cartel.
Por otra parte, indica la sentencia que la parte solicitante sustentó la
medida cautelar que también planteó, en el hecho que el artículo 59
del COPP puede generar actos de efectos generales que afectan a la
colectividad "(…) debido al inicio o procesamiento (sic) penal en nuestro
país, por la comisión de Delitos Investigados o Consumados en Territorio
extranjero (sic) sin las debidas Garantías (sic)”, según esgrimieron los
ciudadanos solicitantes en el escrito presentado ante la Sala del Alto
Juzgado.
Al pronunciarse el TSJ sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión
de efectos del artículo 59 del COPP, la Sala Constitucional constató
que los solicitantes no establecieron cuáles son los posibles efectos dañinos
que la norma cuya nulidad demandaron, pueda causar a la colectividad,
por cuanto, en todo caso, su vigencia afectaría solo a los ciudadanos
venezolanos supuestamente investigados por presuntos delitos cometidos
en el extranjero, siendo declarada improcedente petición cautelar.
...como dicen por ahí,(q no se de donde sacaron esa frase) el tiempo de Dios es perfecto..."siga pidiendo y se le dara" en el tiempo preciso, la libertad, q no muy pocos la han perdido por buscarla
ResponderEliminar