Desayuno en la redacción
Notitarde 26 de agosto 2012.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, considera necesario que los penales sean manejados por gobiernos regionales y convertirlos en centros de estudio y trabajo sin hacinamiento
"El Estado es el principal responsable
de las muertes en las cárceles"
Margarita Jiménez Márquez, Ricardo José Degwitz, Humberto Torres, Marilyn Molina Prado, Laurentzi Odriozola Echegaray, Humberto Prado, Francisco Briceño, Alecia Rodríguez Del Valle y Ana Carta. (Jorge Cera. / Notitarde)
Francisco A. Briceño J.
Entre las noticias más lamentables de los últimos meses -sin restar importancia al tema de las lluvias o la explosión en la refinería de Amuay-, ha estado la situación de las cárceles, donde cada vez son más frecuentes los motines o reyertas, que este año han cobrado la vida de 304 personas.
Esto significa que en lo que va de 2012, cada 10 horas ha muerto una persona privada de libertad dentro de estos recintos penitenciarios que son de absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, a cargo de Iris Varela.
Según cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en el país murieron entre julio de 2011 y julio de 2012 (primer año de gestión de la ministra Varela), 567 reos en algunas de las 33 cárceles que tiene Venezuela.
La lucha por el control interno, el tráfico de armas y hasta el hacinamiento, son solo algunos de los motivos que pudieran estar detrás de cada uno de los motines y conflictos que recientemente sacudieron La Planta (ya clausurada), Tocuyito, Tocorón, Yare y Uribana.
En un sistema penitenciario, donde la capacidad total de las cárceles existentes es de 14 mil 500 presos y hay 45 mil 500, poco o quizás mucho se puede esperar de lo que sucede tras cada una de esas rejas y muros, donde los medios de comunicación no tienen acceso hace años y donde pareciera haberse creado un mundo distinto con reglas muy diferentes.
¿Cuál es la realidad de las cárceles venezolanas? ¿Quién es el verdadero responsable de las muertes en los penales? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema carcelario de Venezuela y el de otros países? ¿Qué se debe hacer para solucionar lo antes posible la situación de violencia y hacinamiento en las cárceles?
Éstas y otras interrogantes fueron respondidas por Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien en esta oportunidad fue el invitado al acostumbrado Desayuno en la Redacción de Notitarde.
En esta casa editora fue recibido por Ricardo José Degwitz, presidente del Grupo Editorial Notitarde; Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Humberto Torres y Alecia Rodríguez Del Valle, editores de Ciudad; Ana Carolina Carta, editora de Sucesos; y quien suscribe, Francisco Briceño Jiménez.
Población Penal creó su propio Gobierno en la cárcel
Si de algo está seguro Humberto Prado, es que el Gobierno Nacional fracasó en materia carcelaria, aún y cuando se creó recientemente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que debía descongestionar y solucionar la grave problemática que se vive a lo interno de los penales del país.
Tras reiterar que hay 45 mil 500 presos y las cárceles solo tienen capacidad para 14 mil 500, Prado sostiene que la situación planteada actualmente es que "la población sobrepasó la capacidad instalada y el Estado no creció en planta física ni en personal penitenciario".
En este sentido, explica que los estándares internacionales dicen que por cada 10 reclusos, tiene que haber un funcionario de seguridad, mientras que en Venezuela por cada 100 reclusos hay solo uno, esto porque, según señala, los uniformados son utilizados para otras funciones que no son inherentes a sus cargos.
A juicio del invitado, la consecuencia de esto es que "la población penal creció, se quedó sin vigilancia y crearon su propio gobierno. Ese propio gobierno lo crean bajo sus reglas, con pena de muerte a quien 'se coma una luz', que no es otra cosa que, si usted falta a las reglas internas, usted paga con su vida".
Asimismo, destaca que este "gobierno interno", implementa la creación de normas de pago semanales "que si no cancelas, te puedes morir o tienes que irte a un sitio que le dicen el de los abnegados, que viene siendo al aire libre y ahí te agarra la lluvia o lo que quiera".
Ese tipo de normas -agrega- se fueron implantando en el tiempo y espacio bajo la mirada cómplice de autoridades. Porque cuando usted está de funcionario en una cárcel, debe decirle al Director mire: aquí los presos tienen armas, están cobrando, están extorsionando, planificando actos ilícitos hacia afuera, y si las autoridades no actúan simplemente la calificación es de complicidad por omisión.
Advierte que en medio de esta situación, se ha creado tras las rejas la famosa figura del "pran", que según explica, significa "preso rematado asesino nato", quienes tienen sus lugartenientes de "luceros" los cuales a su vez, vigilan cada área y mantienen a la población como ellos quieren, "con una pena de muerte que, cuando usted no hace lo que ellos dicen, se muere y queda hasta desaparecido dentro de la propia cárcel".
Prado señala que toda esta situación ocurre tristemente bajo figuras en el poder judicial, como jueces de ejecución, quienes, por el Código Orgánico Procesal Penal, tienen el derecho de velar por el sistema penitenciario, un Defensor del Pueblo, unos fiscales de derechos fundamentales y unos diputados en materia de derechos humanos, que no van a la parte interna de los penales justificados en que los presos están armados.
La vida de los presos es responsabilidad del Estado
El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones recuerda que hay dos organismos que vigilan la cárcel: la seguridad externa que está en manos de la Guardia Nacional, y la seguridad interna en manos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. "Igual como los funcionarios ven dentro de la cárcel, igualito ven los efectivos de la Guardia Nacional desde las garitas. Entonces, si el cabo, el sargento y el teniente le pasan la novedad a su capitán, su capitán se lo pasa a su comandante, y el director o el funcionario se lo pasa a su director general y él a su ministro, en el momento en que se sepa esa novedad se tiene que actuar porque si no se actúa, entonces todos están metidos en la macolla por algún interés".
Ratifica que la tutela de las cárceles está en manos del Estado, pero "el Estado abandonó a los presos y por eso los presos hicieron su gobierno, y es el gobierno del interno quien dice cómo se manejan internamente las cosas, al punto que son los que negocian ahorita en Uribana, donde tienen a más de 500 personas secuestradas".
"Cedieron su autoridad a quienes deben brindarle servicio para su reinserción", señala, tras explicar que este abandono de responsabilidad, implica que "cuando matan a estos 26 muchachos en Yare, ellos fallecieron bajo la responsabilidad del Estado y usted no puede aparecer con esa tremenda irresponsabilidad de mostrar una lista (de fallecidos). La Ministra es la primera responsable de la vida de esos muchachos porque estaban bajo su responsabilidad".
Situación en Yare surgió por el control de la cárcel
Humberto Prado considera como un "cuento" el argumento esgrimido por la ministra Iris Varela sobre la situación en Yare, donde supuestamente los líderes de dos grupos estaban en conversaciones y a uno "se le escapó un tiro".
"Ni la situación reciente ocurrida ha sido atendida por el propio Estado, sino que dicen es que se le fue un tiro. Retrocedan la película y se van a los sucesos de la cárcel de El Rodeo, donde dijeron que igual fueron dos grupos que estaban hablando y se les fue un tiro. ¿Me vas a venir con ese cuento otra vez?", comenta.
A su juicio, lo sucedido al menos en el caso de Yare, fue un enfrentamiento entre grupos por el poder de la cárcel para quedarse con todo el control de la prisión, "bajo la mirada del Estado porque si el Estado está al frente de una cárcel y ve gente armada, debe actuar inmediatamente".
Ante esto, plantea que lo que existe es "una gran anarquía" en los centros penitenciarios "donde hay piscinas, pista de toros coleados y hasta discotecas".
-Esos líos buscan cambiar de gobierno en la cárcel o que un grupo ya se cansó de que lo aplastaran tanto. Tocuyito explotó hace poco, hubo 5 muertos, Tocorón hace uno o dos años, hubo 20 muertos, pero Tocorón tiene 3 mil 400 presos y fue creada para 700. ¿Tú crees que ahí la gente no se cansa y dice: acabemos con ese grupo que lo que hace es pedirme real?
Por ello pide que se trabaje en función de la erradicación de figuras como los pranes, y solicitó que de una vez por todas "las cárceles estén bajo control para que las personas tengan una reinserción de vida".
Hay que cumplir la Constitución y descentralizar las cárceles
En función de este resumido diagnóstico, Humberto Prado también planteó soluciones que en lo inmediato deben comenzar a plantearse para retomar el control de los centros de reclusión y evitar que se repitan hechos violentos.
En primer lugar, señala que es necesaria la descentralización de las cárceles, tal y como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Explica que un sistema penitenciario es como un triángulo que se compone de tres elementos: población, infraestructura y personal; y partiendo de allí, sostiene que es necesario emitir el decreto que entregue las cárceles a los gobernadores de cada estado, transfiriendo además las partidas de alimentación, personal y mantenimiento.
"Les he dicho a los gobernadores que, así como te gusta el aeropuerto, el puerto y las aduanas, agarra tu cárcel, porque resulta que esos presos son tuyos, son de tu comunidad y van a regresar a tu comunidad", comenta, tras sostener que a través de las diferentes direcciones del Ejecutivo regional, se hace más manejable y directa la solución de los problemas en los centros de reclusión.
Asegura que el Estado central debe elaborar un manual estándar de lo que deben cumplir los estados en esta materia, partiendo del punto de que la Guardia Nacional debe dejar de custodiar la cárcel, ya que "ellos son los responsables de la puerta y de lo que ingresa allí".
En sustitución de los efectivos militares, sugiere la necesidad de crear un cuerpo de seguridad penitenciaria totalmente civil, tal y como se ha hecho en Francia "donde se dice que los funcionarios son educadores y no represores".
"Ni militares ni policías deben trabajar en cárceles. Internamente no puede haber armas ni bastones, sino el funcionario para guiar a los internos a cada área", agrega.
Parte de este cambio, según sostiene, pasa por un convenio necesario que debe surgir tras una reunión entre el gobernador o gobernadora y las iglesias, jefes de zonas educativas, universidades, zonas sanitarias, sociedad civil, empresarios, poder judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y poder legislativo, en función de desarmar cinco problemas básicos: el hacinamiento, la violencia, insalubridad, falta de clasificación y la falta de empleo, estudio, deporte y cultura.
El experto afirma que de allí puede desprenderse, por ejemplo, la creación de programas para que los internos fabriquen algún tipo de productos que no haga la empresa privada.
La universidad incidiría en el estudio no solo de los internos sino también en la preparación de los funcionarios, a través de un "diplomado de capacitación integral para el oficial de asistencia a las personas privadas de libertad", el cual ya fue diseñado y avalado por la Universidad de Los Andes.
En materia de infraestructura, Prado es específico al sostener, en primer lugar, que es necesaria la construcción de otras 33 cárceles adicionales a las que ya existen, y diseñar no solo los centros de cumplimiento de pena sino los centros para aquellos privados de libertad que aún son procesados.
"La arquitectura penitenciaria ha cambiado en el mundo. Si reúnes un grupo de arquitectos penitenciarios, te dirán cuál es el mejor tipo de infraestructura, dependiendo incluso de las condiciones climáticas", señala.
Por ello, considera necesaria la inclusión de la Universidad de Carabobo para, a través de ella, llamar a un concurso de arquitectura y diseñar los dos centros para procesados (uno cerca de cada circuito judicial) ubicados en Puerto Cabello y Valencia.
"La idea es que los presos tengan un solo centro de cumplimiento de pena donde pase la persona al ser condenada y ese sería el gran centro para la ganadería, siembra de tierra, trabajo industrial, textilería, entre otros", afirma.
La importancia de esto en la entidad, tiene que ver con que Tocuyito es el centro penitenciario más hacinado del país, ya que de una capacidad para 800 presos, hay 4 mil 300 reclusos.
Plantea que la idea es que la arquitectura se construya con celdas individuales, "que cada quien tenga su privacidad porque cada quien tiene derecho por lo menos a llorar solo", expresa Prado, tras precisar también que el área de visita debe diseñarse de acuerdo al comportamiento de los reclusos.
"Debe haber una parte donde el preso reciba la visita a través de un vidrio, si es muy agresivo, o en una sala que comparta con su esposa bajo la vigilancia adecuada, así como un área para que tenga su relación como tal, si el detenido tiene buena conducta", detalla.
Tecnología judicial
Otra medida planteada por Prado, tiene que ver con la creación de salas de audiencia en el internado judicial, que funcionen en diversas modalidades.
Una de ellas es que el juez acuda al sitio y despache desde allí y la otra es que el interno solo, encerrado en la sala, frente a un monitor, pueda participar en la audiencia donde esté el juez y el abogado.
También se refiere a otras medidas para que el acusado no deba ir a la cárcel, y que se implementan en muchos otros países. "Puedes sacar el brazalete electrónico para que lo tenga la persona en la pierna y es para que no salga de la jurisdicción. Cuando sale de los límites, inmediatamente se prende una luz y eso hace que la persona pierda ese beneficio. Es un brazalete que no se pueden quitar por nada", explica.
También menciona el monitoreo telefónico a casa, tal y como lo hace Colombia donde 35 mil internos están bajo esa modalidad.
Estas ideas planteadas por Humberto Prado, aún no son suficientes para convertir el actual sistema en una "utopía carcelaria", y es que entre anécdotas contadas tras su visita a diferentes cárceles del mundo, implementar estas medidas se convertirían en solo un paso para que en cuestión de meses comience a regularizarse la situación.
Por lo pronto, considera urgente descentralizar los centros de reclusión, o en su defecto, que la ministra Iris Varela comience a despachar desde cada cárcel y no desde Caracas, para que conozca de una vez por todas, de cerca, lo que se esconde tras cada uno de los muros de los 33 centros de reclusión del país, antes de que suceda una tragedia mayor.
Cárceles descentralizadas
Artículo 272 de la Constitución: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.
"La familia nunca te abandona"
(Humberto Torres) .- Pocas personas en el país pueden conocer tanto de las cárceles como Humberto Prado Sifontes. No es solo un reconocido abogado con casi 20 años de experiencia, que ha ocupado cargos vinculados a la dirección de penales. Sino que también, en su juventud, vivió desde adentro, durante ocho años, la desdicha de ser un recluso en Venezuela.
Prado es un digno ejemplo de superación personal, estuvo recluido en el retén de Catia, La Penitenciaría General de Venezuela, La Planta y la cárcel modelo de Caracas, en este tiempo tuvo un firme propósito, no dejarse llevar por el ocio y los malos hábitos, por el contrario se dedicó a terminar el bachillerato y se convirtió en un promotor de actividades deportivas para sus compañeros de reclusión.
Se graduó en la Universidad Santa María en 1993, hizo una especialización en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela, fue director de Diagnóstico y Tratamiento de Prisiones, director de la cárcel de Yare y ha sido invitado de honor de universidades de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú y Chile.
Este caraqueño nacido en San José de La Pastora, está convencido de que lo más importante es la familia; vino al Desayuno en la Redacción acompañado por su sobrina Marilyn. Al indagar en su vida personal, recuerda que en sus momentos difíciles, cuando desaparecieron sus "amigos", siempre tuvo el apoyo de su madre, Mercedes Sifontes, y de sus hermanos. "Eso es lo que te lleva a reaccionar como ser humano para seguir adelante".
Narra que su madre, enfermera de profesión, levantó sola el hogar, donde además de él estaban sus siete hermanos. Curiosamente tres de ellos también son abogados.
Está casado con Beatriz Carolina, tiene cuatro hijos, Pedro Melchor (quien siguiendo la tradición familiar es abogado), María Mercedes, Julio César y Andrés Eduardo.
A penas al escuchar unos minutos a Prado, cualquiera se da cuenta que es un luchador apasionado por mejorar el sistema carcelario y la dignificación del ser humano. Parece un soñador planteando cosas imposibles, pero no, en realidad es un profesional preparado, con amplios conocimientos del tema y planes ambiciosos, que tiene bien claro que las personas tienen el mismo valor, dentro o fuera de una celda.
Está seguro de que hay una salida para eliminar la violencia de los internados judiciales por una razón sencilla, "ahí dentro hay personas, y las personas pueden cambiar".
Edificio Don Pepe invadido desde hace cinco años. (Foto Clemente Espinoza)
