Familiares, municipios y regiones asumen costos por cuidado de presos
La alimentación de los presos corre por cuenta de familiares | Foto: Raúl Romero (Archivo)
En la Gran Caracas hay retenes con 255% de hacinamiento. Jefes policiales desconocen criterios para asignación de cupos a los internados por el Ministerio del Servicio Penitenciario
7 DE DICIEMBRE 2014 - 12:56 AM
Lorena repitió el viernes la rutina que ha puesto en práctica todos los días, sin excepción, desde hace tres meses. A las 11:00 am llegó al Departamento de Aprehensión del Cicpc en El Rosal con una bolsa blanca. Llevaba los alimentos que consumiría su esposo hasta el día siguiente. Según su cálculo, desde que el hombre permanece en ese retén policial ha tenido que reunir, por lo menos, 400 bolívares diarios para darle de comer. Aclaró que esta cantidad no incluye los gastos por el traslado a la sede policial.
En ese lugar permanecen alrededor de 230 personas. Es una vieja quinta a la que se le han hecho adaptaciones para ampliar su capacidad hasta 60 personas. El hacinamiento de los detenidos es reconocido a diario en reportes internos. El traslado a principios de esta semana de 40 presos a internados judiciales del interior del país apenas ha mejorado la situación. Los nuevos presos ahora deben permanecer en celdas y oficinas de las subdelegaciones, y direcciones de la policía de investigación.
Esta situación se reproduce en casi todos los cuerpos de seguridad que operan en el Distrito Capital, según se pudo constatar a través de contactos con funcionarios de cada institución. En la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, permanecen detenidos 55 civiles, así como un número indeterminado de funcionarios policiales procesados por diversos delitos. El hacinamiento no es allí tan grave como en otras oportunidades, pero alcanza el 50%. En la Policía de Baruta, por ejemplo, es de 108%. En la de Libertador es de 255%.
Un documento emitido en noviembre por el Comité contra las Torturas de la Organización de Naciones Unidas sugiere que este problema abarca a los retenes policiales de todo el territorio nacional. En las instalaciones de detención temporal, indicó el organismo, hay más de 13.700 detenidos.
Estas personas deberían estar bajo la custodia del Estado, pero en la práctica no es así. El hacinamiento y la ausencia de los cuidados mínimos han ocasionado brotes de violencia entre los detenidos e intentos de fuga en todos los cuerpos policiales de la capital, excepto en El Hatillo.
Si los familiares de cada detenido en los retenes policiales venezolanos gastan 400 bolívares diarios para mantener alimentados e hidratados a los presos, cada mes habría que pagar en total 164,4 millones de bolívares por la alimentación de estos detenidos, y al año 1,97 millardos de bolívares.
La lotería del cupo. Carlos Nieto Palma, director de la organización Una Ventana para la Libertad, explicó que la acumulación de presos en los retenes policiales se agudizó desde la instauración del sistema de cupos por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario.
Según Nieto, la titular de ese despacho, Maria Iris Varela, “tomó una atribución que no le corresponde” al decidir por encima de los jueces de control cuándo es que un detenido puede ser llevado desde los retenes hasta los internados judiciales. Por otra parte, la funcionaria rompió el criterio de que los aprehendidos deben permanecer en instalaciones cercanas al tribunal en los que se ventilan sus respectivas causas. Hay procesados de Caracas que han sido llevados a la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico o a Tocorón, en Aragua.
La figura del cupo, indicó Nieto, ha sido fundamental en el llamado Nuevo Régimen Penitenciario. Al controlar el número de personas que llega a determinados centros se impide la sobrepoblación en esas instalaciones. Pero en realidad el problema se traslada a los retenes policiales.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que Varela no concibe a los retenes policiales como parte del mismo sistema. Entonces excluye de sus mecanismos de coordinación a las regiones y los municipios. Pero estas policías son las que están recibiendo la mayor cantidad de detenidos a propósito de planes como Patria Segura.
Hay cuerpos de seguridad como Polibaruta, Polizamora y Polisalias que no reciben autorizaciones para trasladar detenidos desde septiembre o antes.
En Los Salias han tenido que habilitar espacios especiales para adolescentes y mujeres. El tiempo promedio de permanencia de cada detenido en celdas de la policía municipal es de 100 días, indicó la comisionada Carmen Mavares, directora del cuerpo.
En su última rueda de prensa, Varela afirmó que estos cuerpos policiales “deben tener logística para atender a los detenidos”, y que las personas sometidas a investigación no podrán ser pasadas a internados judiciales. Por lo tanto, una de las consecuencias del Nuevo Régimen Penitenciario será la prolongación de los lapsos de permanencia en los llamados centros de detención provisional.
Aunque las policías regionales y municipales no tienen recursos para la manutención de los detenidos, sí deben destinar contingentes de funcionarios para custodiarlos. En Baruta y Los Salias estos grupos son redoblados durante los días de visita. El cálculo más preciso sobre el impacto que esto tiene fue elaborado por Polimiranda. Su director, Elisio Guzmán, indicó que este trabajo consume 23.584 horas/hombre todos los meses. En otras condiciones, este esfuerzo bien podría destinarse a mejorar la seguridad de la ciudadanía.
En todo el país
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, aseguró que el hacinamiento de los detenidos en retenes policiales es una situación que afecta a casi todos los estados y municipios del país.
Durante una gira realizada por el equipo de la ONG se observó que la PNB se ve obligada a dejar a los presos en los vehículos de traslado, tradicionalmente conocidos como “jaulas”, para desalojar las celdas.
Afirmó que en Mérida hay cuerpos de seguridad que deben custodiar a 350 detenidos cuando la capacidad máxima de las celdas es para 60 detenidos. En Bolívar ocurre algo similar, así como en Anzoátegui y Táchira. “Todos los gobernadores y alcaldes tienen este problema, pero los que son afines al gobierno central no dicen nada”, expresó.
El dato
Los retenes policiales del Distrito Capital solamente reciben las viandas y alimentos para los detenidos al mediodía y al final de la tarde. En esas entregas los familiares deben incluir también lo correspondiente al desayuno. Las raciones deben ser platos fríos o ya cocidos, envueltos en bolsas con el nombre del destinatario. Los recipientes para las bebidas no pueden ser de vidrio o material cortante.
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