Tobías Nóbrega, el inhabilitado
VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
martes 20 de septiembre de 2011 12:41 PM
Durante ocho años el país ha tenido conocimiento de la nauseabunda operación en la que el Ministerio de Finanzas, para ese entonces al mando de Tobías Nóbrega, adquirió el edificio sede del Citibank.
No hay presos, pero sí inhabilitaciones y multas. Nóbrega, el hombre que durante su paso por el poder demandó, "por manchar su honor" a los economistas que denunciaron falta de transparencia en las operaciones de deuda pública y tildó de palangristas a los periodistas que mostraban transacciones dudosas, no podrá ejercer cargos públicos durante quince años.
Vale la pena recordar la transacción. El negocio donde el Estado adquiere la edificación que por décadas Citibank tuvo en Carmelitas se concreta el 30 de enero de 2003, cuando Inmobiliaria Chacao compra el inmueble a la institución financiera por 4,7 millones de dólares.
Seis días más tarde, el Ministerio de Finanzas, le recompra el edificio a la inmobiliaria por 9,5 millones de dólares.
La investigación de la Contraloría revela que el despacho de Finanzas le pagó a la inmobiliaria antes de que ésta comprase el edificio.
Precisa que el 27 y 30 de diciembre de 2002, el ministerio dirigido por Nóbrega "canceló a la inmobiliaria el monto total de la negociación. Sin embargo, es el 30 de enero de 2003 cuando ésta adquiere el inmueble".
El 30 de junio de 2004 publiqué en este diario un reportaje dando cuenta de la transacción y de la diferencia entre el precio cancelado por la inmobiliaria a Citibank y lo que, en menos de una semana más tarde, desembolsó la República.
Ese mismo día, Tobías Nóbrega descalificó el caso señalando que El Universal merecía "un premio Pulitzer a la mentira" y afirmó en Venezolana de Televisión que "quien conoce cómo funciona el mercado inmobiliario en Venezuela sabe que aquí hay una práctica muy lamentable (...) que es que los privados transan entre ellos a precios menores o subvalorados en relación con el mercado, para eludir las obligaciones tributarias".
Por ahora la actuación de las instituciones venezolanas, durante ocho años, se resume en la reciente inhabilitación de Tobías Nóbrega y seis de sus subalternos, además de unas multas que difícilmente serán cobradas.
@vsalmeron
No hay presos, pero sí inhabilitaciones y multas. Nóbrega, el hombre que durante su paso por el poder demandó, "por manchar su honor" a los economistas que denunciaron falta de transparencia en las operaciones de deuda pública y tildó de palangristas a los periodistas que mostraban transacciones dudosas, no podrá ejercer cargos públicos durante quince años.
Vale la pena recordar la transacción. El negocio donde el Estado adquiere la edificación que por décadas Citibank tuvo en Carmelitas se concreta el 30 de enero de 2003, cuando Inmobiliaria Chacao compra el inmueble a la institución financiera por 4,7 millones de dólares.
Seis días más tarde, el Ministerio de Finanzas, le recompra el edificio a la inmobiliaria por 9,5 millones de dólares.
La investigación de la Contraloría revela que el despacho de Finanzas le pagó a la inmobiliaria antes de que ésta comprase el edificio.
Precisa que el 27 y 30 de diciembre de 2002, el ministerio dirigido por Nóbrega "canceló a la inmobiliaria el monto total de la negociación. Sin embargo, es el 30 de enero de 2003 cuando ésta adquiere el inmueble".
El 30 de junio de 2004 publiqué en este diario un reportaje dando cuenta de la transacción y de la diferencia entre el precio cancelado por la inmobiliaria a Citibank y lo que, en menos de una semana más tarde, desembolsó la República.
Ese mismo día, Tobías Nóbrega descalificó el caso señalando que El Universal merecía "un premio Pulitzer a la mentira" y afirmó en Venezolana de Televisión que "quien conoce cómo funciona el mercado inmobiliario en Venezuela sabe que aquí hay una práctica muy lamentable (...) que es que los privados transan entre ellos a precios menores o subvalorados en relación con el mercado, para eludir las obligaciones tributarias".
Por ahora la actuación de las instituciones venezolanas, durante ocho años, se resume en la reciente inhabilitación de Tobías Nóbrega y seis de sus subalternos, además de unas multas que difícilmente serán cobradas.
@vsalmeron
Plan de seguridad ciudadana
Proponemos la creación de Comités de Seguridad Vecinales, integrados por los líderes de la comunidad
LUIS IZQUIEL | EL UNIVERSAL
martes 20 de septiembre de 2011 12:00 AM
En días recientes la Mesa de la Unidad Democrática, en sintonía con la principal preocupación de los venezolanos, presentó al país un plan integral para contrarrestar la inseguridad desbordada. Todo el nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 7 de octubre de 2012 se abocará a combatir la criminalidad, la violencia y la impunidad.
El próximo Presidente de la República debe dedicarse a defender decididamente la vida y los bienes de los venezolanos. En esta tarea será necesario que actúe de la mano con los gobernadores y alcaldes. Las políticas públicas diseñadas contra la delincuencia podrán tener éxito únicamente con el respaldo irrestricto del Jefe de Estado.
Como la inseguridad es un fenómeno multidimensional, los 18 expertos que conformamos la Comisión para la Seguridad Ciudadana de la MUD, de la cual tengo el honor de ser su Secretario Ejecutivo, coincidimos en la necesidad de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que involucre a todas las instituciones relacionadas con el fenómeno criminal. La finalidad es la coordinación de las acciones en esta materia.
Otra de las premisas fundamentales del documento elaborado, consiste en la necesaria participación de la sociedad civil. En este sentido, proponemos la creación de Comités de Seguridad Vecinales, integrados por los líderes naturales de la comunidad, quienes deben participar con las autoridades en el combate contra la delincuencia.
Es necesario que los organismos policiales nacionales, estadales y municipales decomisen los millones de armas de fuego que circulan en nuestras calles, las cuales deben ser destruidas inmediatamente después de la realización de las experticias correspondientes. Los grupos civiles que han sido deliberadamente armados en estos últimos casi 13 años deben ser una prioridad en la política de desarme. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional debe otorgar permiso de porte solo a aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos de Ley.
Es imprescindible que la impunidad reinante cese en Venezuela. Por lo tanto, las actuaciones del Ministerio Público, el Poder Judicial y el CICPC, deben ser despolitizadas y adecuadas al Derecho y la justicia. Asimismo, es menester que los jueces y fiscales ingresen a través de concursos de oposición públicos y abiertos, de esta forma sus cargos dejarán de ser provisorios y sus decisiones estarán revestidas de autonomía e imparcialidad.
El sistema carcelario debe ser redimensionado para facilitar la reinserción social de los internos. Se propone igualmente la creación del ombudsman penitenciario, el cual estará encargado de la defensa de los DDHH de los reclusos. Las disposiciones del artículo 272 de la Constitución tienen que ser puestas en vigencia.
Estas medidas y muchas otras que pueden ser revisadas en la página web www.unidadvenezuela.org, integrarán el programa de gobierno del candidato unitario de la alternativa democrática. Con voluntad política y la aplicación de este plan, la inseguridad desbordada tiene solución.
Twitter: @luisizquiel
El próximo Presidente de la República debe dedicarse a defender decididamente la vida y los bienes de los venezolanos. En esta tarea será necesario que actúe de la mano con los gobernadores y alcaldes. Las políticas públicas diseñadas contra la delincuencia podrán tener éxito únicamente con el respaldo irrestricto del Jefe de Estado.
Como la inseguridad es un fenómeno multidimensional, los 18 expertos que conformamos la Comisión para la Seguridad Ciudadana de la MUD, de la cual tengo el honor de ser su Secretario Ejecutivo, coincidimos en la necesidad de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que involucre a todas las instituciones relacionadas con el fenómeno criminal. La finalidad es la coordinación de las acciones en esta materia.
Otra de las premisas fundamentales del documento elaborado, consiste en la necesaria participación de la sociedad civil. En este sentido, proponemos la creación de Comités de Seguridad Vecinales, integrados por los líderes naturales de la comunidad, quienes deben participar con las autoridades en el combate contra la delincuencia.
Es necesario que los organismos policiales nacionales, estadales y municipales decomisen los millones de armas de fuego que circulan en nuestras calles, las cuales deben ser destruidas inmediatamente después de la realización de las experticias correspondientes. Los grupos civiles que han sido deliberadamente armados en estos últimos casi 13 años deben ser una prioridad en la política de desarme. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional debe otorgar permiso de porte solo a aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos de Ley.
Es imprescindible que la impunidad reinante cese en Venezuela. Por lo tanto, las actuaciones del Ministerio Público, el Poder Judicial y el CICPC, deben ser despolitizadas y adecuadas al Derecho y la justicia. Asimismo, es menester que los jueces y fiscales ingresen a través de concursos de oposición públicos y abiertos, de esta forma sus cargos dejarán de ser provisorios y sus decisiones estarán revestidas de autonomía e imparcialidad.
El sistema carcelario debe ser redimensionado para facilitar la reinserción social de los internos. Se propone igualmente la creación del ombudsman penitenciario, el cual estará encargado de la defensa de los DDHH de los reclusos. Las disposiciones del artículo 272 de la Constitución tienen que ser puestas en vigencia.
Estas medidas y muchas otras que pueden ser revisadas en la página web www.unidadvenezuela.org, integrarán el programa de gobierno del candidato unitario de la alternativa democrática. Con voluntad política y la aplicación de este plan, la inseguridad desbordada tiene solución.
Twitter: @luisizquiel
Miedo
A poco más de un año de la elección presidencial en Venezuela, se espera más miedo
MICHAEL ROWAN | EL UNIVERSAL
martes 20 de septiembre de 2011 12:00 AM
El miedo también asedia la oposición. El empresario independiente pudiera temer porque le hace falta el dinero del Gobierno para sobrevivir, aunque éste destruya paulatinamente su negocio. Si se pronuncia, es fatal: pudiera caer preso bajo acusaciones fabricadas. Si no habla, también sería fatal, porque entonces se volvería blanco de chantaje, de extorsión y hasta asesinato. Incluso el ni-ni, que se cree inmune a la presión de ambos bandos, tiene miedo. Cualquier cosa puede pasarle si lo ven como un problema: bien sea su apartamento, su carro y escuela, hasta su trabajo y pasaporte. Los accidentes ocurren, y muchas veces. Y también se perpetran homicidios; más que en cualquier otra parte del planeta, incluidos algunos países donde hay conflictos bélicos. De hecho, los homicidios se vinculan con drogas, corrupción y tratos delictivos que salen mal o bien.
A poco más de un año de la elección presidencial en Venezuela, se espera más miedo. Se espera que los nudos de los últimos 13 años se ajusten más. Se estima que la tasa de homicidios que no han sido resueltos ni investigados se mantenga por las nubes. Y también se prevé lo imprevisto: nunca se sabe; pudiera ser un año para la valentía. ¿Acaso no vieron lo que sucedió en Libia? Algo parecido pudiera ocurrir en cualquier otra parte del mundo si es que el coraje domina el miedo.
michaelrowan22@gmail.com
Traducción: Conchita Delgado
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