No liberen a más delincuentes
NO DEJEN LIBRES NI PAGUEN CON EL 90% DE INOCENTES QUE
POR POBRES ESTAMOS EN LAS CARCELES, LO QUE ESTAN HACIENDO
DE VERDAD CONTRA LA LEY, QUIENES LA TIENEN EN SUS MANOS!!!
NO DEJEN LIBRES NI PAGUEN CON EL 90% DE INOCENTES QUE
POR POBRES ESTAMOS EN LAS CARCELES, LO QUE ESTAN HACIENDO
DE VERDAD CONTRA LA LEY, QUIENES LA TIENEN EN SUS MANOS!!!
El camino escogido es el equivocado. La criminalidad crece velozmente
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GERARDO BLYDE | EL UNIVERSAL
viernes 9 de septiembre de 2011 12:00 AM
En días pasados, un alto funcionario del Gobierno Nacional en el área de seguridad (cuyo nombre mantengo en reserva para que no le pasen factura), declaraba en privado que la situación de la inseguridad los tiene completamente desbordados, que la delincuencia no tiene límites y que los niveles de agresividad con los que está actuando no tienen precedentes en nuestra historia patria. Creo que todos estamos completamente de acuerdo con este funcionario que, por ser chavista, no se atreve a declararlo públicamente.
Esta misma semana, PoliBaruta frustró un intento de secuestro que iba a perpetrarse dentro del municipio a un vecino que circulaba en su automóvil. Uno de los detenidos perteneciente a esta banda, que ha estado operando en el último mes en la Gran Caracas, resultó ser un expresidiario que cumplía condena en El Rodeo I y que fue beneficiado apenas el pasado mes de julio con una medida sustitutiva por un tribunal de la ciudad para que permaneciera libre bajo régimen de presentación. Es decir, tenía sólo dos meses libre y ya estaba integrado a una banda de secuestradores cometiendo delitos.
Este no es un caso aislado. En los últimos tres meses, PoliBaruta y los demás cuerpos policiales municipales de la ciudad de Caracas han detenido a 89 ciudadanos cometiendo delitos que, al igual que el secuestrador que describimos, acababan de recibir de los tribunales medidas de libertad bajo régimen de presentación.
Todos los delincuentes han sido capturados fuertemente armados y casi todos cómodamente integrados a bandas de asaltantes, secuestradores o de roba carros. Es decir, pertenecientes a la delincuencia organizada. No son rateros de bolsos que huyen a pie luego de despojar a las víctimas de sus pertenencias. Salen a cometer delitos graves y, si encuentran en su camino alguna resistencia de la víctima, ni pestañean para dispararle sin piedad y asesinarla. Casos de vehículos con 20 y hasta 30 impactos de bala dan cuenta de la saña y la violencia con la que actúan.
Todos los órganos policiales reportan que en los últimos 3 meses ha habido un repunte nada usual del hampa y así lo sienten los ciudadanos. El bien más preciado de todos, la vida, está en riesgo a todo momento.
Los cuerpos policiales serios vienen instrumentando operativos importantes para detener esta ola de criminalidad que se ha desatado sin control, pero alguien en el Poder Judicial, en la Fiscalía o en el Gobierno Nacional tiene que reflexionar y dar un parado urgente a la liberación masiva de detenidos. No puede ser casual que este incremento de delitos se haya disparado justo cuando comenzaron a acordarse medidas para liberar a detenidos y ponerlos bajo régimen de presentación. La cifra de detenidos reincidentes habla por sí sola.
El hacinamiento carcelario es un grave problema. En esta misma columna lo hemos abordado. Su solución no es a corto plazo pero sí puede serlo a mediano plazo, con las inversiones que se requieren para construir nuevas cárceles y colonias agrícolas, para luego transferirlas a los gobernadores con los recursos para mantenerlas, tal como lo dispone la Constitución. Pero la inacción por trece años del Gobierno Nacional -no habiendo hecho lo que tenía que hacer para corregir el inhumano hacinamiento carcelario- no puede ahora convertirse en la excusa para medidas tan irresponsables como las que se están tomando.
En 1999, como bien lo declaró la abogado Mónica Fernández, cuando entró en vigencia el COPP, fueron liberados 12.000 procesados. En ese año hubo una ola de criminalidad de enormes proporciones en todo el país. La nueva ministra para las cárceles se inauguró en el cargo declarando que había que liberar a 20.000 personas detenidas en los centros penitenciarios. ¿Acaso las cifras que ya se tienen de estos 3 meses de consecución de medidas sustitutivas no son suficientes como para que a alguien se le enciendan las luces rojas, le suenen todas las alarmas y dé la orden de parar esta liberación masiva?
El camino escogido es el equivocado. La criminalidad crece velozmente. Los cuerpos de seguridad no tardarán en ser rebasados en sus capacidades operativas. Mientras se gradúan luego de un año de estudios en las academias policiales apenas unos 3.000 a 4.000 nuevos funcionarios en todo el país -pues con responsabilidad no se le puede dar una placa y un arma para ejercer como funcionario a cualquiera-, de las cárceles están saliendo miles de criminales en pocos meses. En una gran mayoría, vuelven a las calles a reincidir, a integrarse a viejas y nuevas bandas de delincuencia organizada. Ningún centro penitenciario del país ha hecho algo en serio por la rehabilitación de los delincuentes.
gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde
Esta misma semana, PoliBaruta frustró un intento de secuestro que iba a perpetrarse dentro del municipio a un vecino que circulaba en su automóvil. Uno de los detenidos perteneciente a esta banda, que ha estado operando en el último mes en la Gran Caracas, resultó ser un expresidiario que cumplía condena en El Rodeo I y que fue beneficiado apenas el pasado mes de julio con una medida sustitutiva por un tribunal de la ciudad para que permaneciera libre bajo régimen de presentación. Es decir, tenía sólo dos meses libre y ya estaba integrado a una banda de secuestradores cometiendo delitos.
Este no es un caso aislado. En los últimos tres meses, PoliBaruta y los demás cuerpos policiales municipales de la ciudad de Caracas han detenido a 89 ciudadanos cometiendo delitos que, al igual que el secuestrador que describimos, acababan de recibir de los tribunales medidas de libertad bajo régimen de presentación.
Todos los delincuentes han sido capturados fuertemente armados y casi todos cómodamente integrados a bandas de asaltantes, secuestradores o de roba carros. Es decir, pertenecientes a la delincuencia organizada. No son rateros de bolsos que huyen a pie luego de despojar a las víctimas de sus pertenencias. Salen a cometer delitos graves y, si encuentran en su camino alguna resistencia de la víctima, ni pestañean para dispararle sin piedad y asesinarla. Casos de vehículos con 20 y hasta 30 impactos de bala dan cuenta de la saña y la violencia con la que actúan.
Todos los órganos policiales reportan que en los últimos 3 meses ha habido un repunte nada usual del hampa y así lo sienten los ciudadanos. El bien más preciado de todos, la vida, está en riesgo a todo momento.
Los cuerpos policiales serios vienen instrumentando operativos importantes para detener esta ola de criminalidad que se ha desatado sin control, pero alguien en el Poder Judicial, en la Fiscalía o en el Gobierno Nacional tiene que reflexionar y dar un parado urgente a la liberación masiva de detenidos. No puede ser casual que este incremento de delitos se haya disparado justo cuando comenzaron a acordarse medidas para liberar a detenidos y ponerlos bajo régimen de presentación. La cifra de detenidos reincidentes habla por sí sola.
El hacinamiento carcelario es un grave problema. En esta misma columna lo hemos abordado. Su solución no es a corto plazo pero sí puede serlo a mediano plazo, con las inversiones que se requieren para construir nuevas cárceles y colonias agrícolas, para luego transferirlas a los gobernadores con los recursos para mantenerlas, tal como lo dispone la Constitución. Pero la inacción por trece años del Gobierno Nacional -no habiendo hecho lo que tenía que hacer para corregir el inhumano hacinamiento carcelario- no puede ahora convertirse en la excusa para medidas tan irresponsables como las que se están tomando.
En 1999, como bien lo declaró la abogado Mónica Fernández, cuando entró en vigencia el COPP, fueron liberados 12.000 procesados. En ese año hubo una ola de criminalidad de enormes proporciones en todo el país. La nueva ministra para las cárceles se inauguró en el cargo declarando que había que liberar a 20.000 personas detenidas en los centros penitenciarios. ¿Acaso las cifras que ya se tienen de estos 3 meses de consecución de medidas sustitutivas no son suficientes como para que a alguien se le enciendan las luces rojas, le suenen todas las alarmas y dé la orden de parar esta liberación masiva?
El camino escogido es el equivocado. La criminalidad crece velozmente. Los cuerpos de seguridad no tardarán en ser rebasados en sus capacidades operativas. Mientras se gradúan luego de un año de estudios en las academias policiales apenas unos 3.000 a 4.000 nuevos funcionarios en todo el país -pues con responsabilidad no se le puede dar una placa y un arma para ejercer como funcionario a cualquiera-, de las cárceles están saliendo miles de criminales en pocos meses. En una gran mayoría, vuelven a las calles a reincidir, a integrarse a viejas y nuevas bandas de delincuencia organizada. Ningún centro penitenciario del país ha hecho algo en serio por la rehabilitación de los delincuentes.
gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde
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