Hay más reos por droga que por asesinatos
Así figura en un informe la población carcelaria hecho por el Gobierno
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Sólo 17% de los presos son reincidentes, según el estudio que elaboró el Consejo Superior Penitenciario CARLOS CARREÑO/ARCHIVO
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
domingo 25 de septiembre de 2011 12:00 AM
Venezuela registra uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con una tasa de 48 asesinatos por cada 100 mil habitantes según lo que han admitido autoridades nacionales, lo cual explica porque ocho de cada diez ciudadanos temen que al salir de su casa no vuelvan nunca más. No obstante, el número de personas que están en las cárceles, esperando ser juzgadas o cumpliendo condena, por un delito de sangre no ocupa el primer lugar.
La revelación figura en el Diagnóstico Sociodemográfico de la población penitenciaria 2010-2011, que elaboró el Consejo Superior Penitenciario.
En el documento figura que de las 44.672 causas que tenían los 39.694 presos que había en el país durante la elaboración del estudio, 14.142 (35,6%) eran por robos, mientras que 9.317 (23.4%) estaban relacionados con hechos de narcotráfico y 9.038 (22,7%) con homicidios.
Estas cifras revelan, a juicio de la magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, "la distorsión" que existe en el sistema de justicia, pues "la droga no es el principal problema de seguridad pública del país, sino la violencia criminal".
La penalista atribuyó este panorama a varios factores, entre los cuales mencionó la jurisprudencia del propio máximo juzgado y la actuación de los cuerpos policiales y del Ministerio Público.
"Las salas Penal y Constitucional al mantener ese criterio, según el cual los delitos relacionados con las drogas son de lesa humanidad y por lo tanto los señalados por los mismos no son merecedores de los beneficios que establece la ley, lo que ha hecho es atiborrar las cárceles", afirmó, al tiempo que recordó que ella es una de las pocas que se ha opuesto a esta tesis, alegando que "el Estatuto de Roma no menciona al narcotráfico como uno de los crímenes graves contra los Derechos Humanos".
Mármol denunció que esta posición del TSJ inhibe a los jueces, pues "no se atreven tampoco a sentenciar a favor de los sospechosos de narcotráfico para que no los acusen de narcocomplacientes y los destituyan de sus cargos".
Seguidamente criticó tanto a policías como fiscales por su incapacidad para individualizar a los involucrados en delitos. "Hace poco conocimos (en el máximo juzgado) el caso de un taxista, quien fue detenido por una alcabala de la Guardia Nacional y al revisarle el vehículo le consiguió droga en una guantera. La policía lo detuvo, pero también al cliente al que trasladaba en ese momento. No hizo ninguna discriminación, pues no determinó de quién era la droga", relató.
Otro ejemplo de esta situación fue el caso de la fiesta rave de Barlovento, donde el Ministerio Público no fue capaz de individualizar a las personas que tenían sustancias ilícitas y terminó pidiendo el encarcelamiento preventivo de once personas, las cuales estuvieron tras las rejas por más de un año.
Por último Mármol mencionó la corrupción policial. "Hay policías que siembran drogas a ciudadanos para luego extorsionarlos", aseveró.
El perfil de los presos
Hombres, de entre 18 y 40 años de edad, solteros, pero con hijos; que saben leer y escribir y que provienen de los clases más pobres. Ese el perfil de la inmensa mayoría de los venezolanos que se encuentran tras las rejas, según el estudio elaborado por el Consejo Superior Penitenciario.
El informe también reveló que ocho de cada diez reos se encuentran en las prisiones por primera vez y que solo 17% ha estado allí antes. Esto, a juicio de Mármol, pone de manifiesto otra falla del sistema: La ausencia de investigación.
"Ni las policías ni los fiscales investigan todos los casos que les llegan", dijo.
Las afirmaciones de la magistrada son respaldadas por los informes anuales del Ministerio Público. En el reporte correspondiente al año 2009, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que de los 373.044 casos de robos, hurtos, lesiones, secuestros, homicidios y violaciones que su despacho conoció, apenas 23.540 (6%) terminaron siendo llevados ante un juez.
La revelación figura en el Diagnóstico Sociodemográfico de la población penitenciaria 2010-2011, que elaboró el Consejo Superior Penitenciario.
En el documento figura que de las 44.672 causas que tenían los 39.694 presos que había en el país durante la elaboración del estudio, 14.142 (35,6%) eran por robos, mientras que 9.317 (23.4%) estaban relacionados con hechos de narcotráfico y 9.038 (22,7%) con homicidios.
Estas cifras revelan, a juicio de la magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, "la distorsión" que existe en el sistema de justicia, pues "la droga no es el principal problema de seguridad pública del país, sino la violencia criminal".
La penalista atribuyó este panorama a varios factores, entre los cuales mencionó la jurisprudencia del propio máximo juzgado y la actuación de los cuerpos policiales y del Ministerio Público.
"Las salas Penal y Constitucional al mantener ese criterio, según el cual los delitos relacionados con las drogas son de lesa humanidad y por lo tanto los señalados por los mismos no son merecedores de los beneficios que establece la ley, lo que ha hecho es atiborrar las cárceles", afirmó, al tiempo que recordó que ella es una de las pocas que se ha opuesto a esta tesis, alegando que "el Estatuto de Roma no menciona al narcotráfico como uno de los crímenes graves contra los Derechos Humanos".
Mármol denunció que esta posición del TSJ inhibe a los jueces, pues "no se atreven tampoco a sentenciar a favor de los sospechosos de narcotráfico para que no los acusen de narcocomplacientes y los destituyan de sus cargos".
Seguidamente criticó tanto a policías como fiscales por su incapacidad para individualizar a los involucrados en delitos. "Hace poco conocimos (en el máximo juzgado) el caso de un taxista, quien fue detenido por una alcabala de la Guardia Nacional y al revisarle el vehículo le consiguió droga en una guantera. La policía lo detuvo, pero también al cliente al que trasladaba en ese momento. No hizo ninguna discriminación, pues no determinó de quién era la droga", relató.
Otro ejemplo de esta situación fue el caso de la fiesta rave de Barlovento, donde el Ministerio Público no fue capaz de individualizar a las personas que tenían sustancias ilícitas y terminó pidiendo el encarcelamiento preventivo de once personas, las cuales estuvieron tras las rejas por más de un año.
Por último Mármol mencionó la corrupción policial. "Hay policías que siembran drogas a ciudadanos para luego extorsionarlos", aseveró.
El perfil de los presos
Hombres, de entre 18 y 40 años de edad, solteros, pero con hijos; que saben leer y escribir y que provienen de los clases más pobres. Ese el perfil de la inmensa mayoría de los venezolanos que se encuentran tras las rejas, según el estudio elaborado por el Consejo Superior Penitenciario.
El informe también reveló que ocho de cada diez reos se encuentran en las prisiones por primera vez y que solo 17% ha estado allí antes. Esto, a juicio de Mármol, pone de manifiesto otra falla del sistema: La ausencia de investigación.
"Ni las policías ni los fiscales investigan todos los casos que les llegan", dijo.
Las afirmaciones de la magistrada son respaldadas por los informes anuales del Ministerio Público. En el reporte correspondiente al año 2009, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que de los 373.044 casos de robos, hurtos, lesiones, secuestros, homicidios y violaciones que su despacho conoció, apenas 23.540 (6%) terminaron siendo llevados ante un juez.
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