Derechos Humanos VIP
NERIO ENRIQUE ROMERO | EL UNIVERSALsábado 24 de septiembre de 2011 12:04 PMHabrá que imaginársela entonces: una entrevista de un alto dirigente del PSUV y un ministro del actual gobierno, con un periodista tipo Roberto Giusti, José Vicente Antonetti o Vladimir Villegas, en un canal de TV no gubernamental, sobre el tema de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en casos relacionados con Venezuela. Sabemos que no es posible porque los autodenominados revolucionarios, ante una orden venida del Olimpo, como los niños malcriados le dijeron a esos medios: "¡No te hablo más!". Suponemos entonces que la entrevista sería más o menos así:
Periodista: ¿Cómo entender la actitud del gobierno de no reconocer la validez de la sentencia de la Corte IDH en el caso de la inhabilitación política a Leopoldo López?
Dirigente PSUV: ¡Usando la lógica! El gobierno revolucionario no puede aceptar que entes extranjeros sin competencia para ello pasen por encima de las instituciones bolivarianas de Venezuela...
Periodista: Pero el caso es que la Corte IDH sí tiene competencia en este caso, porque Venezuela firmó en 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la ratificó en 1977; en ella el derecho a ser elegido se considera como un derecho humano... Y la Corte IDH puede juzgar en casos en que se haya violado ese derecho...
Ministro: Bueno, bueno... pero eso fue antes de la Constitución del 99 y la revolución... y las cosas cambian ¡No podemos aceptar intervencionismo extranjero, hay que defender nuestra soberanía!
Periodista: Pero, ministro... la misma Constitución del 99 dice en su artículo 23 que las convenciones sobre derechos humanos firmadas y ratificadas por Venezuela tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata por todos los órganos del Estado... entonces el CNE debe cumplir la sentencia de la Corte IDH, sin necesidad de esperar que el TSJ se lo indique. La Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de cualquier ley, eso lo ordena el artículo 23 de nuestra Constitución...
Dirigente PSUV: Eso es lo que ustedes, los periodistas de medios oligárquicos y disociados no entienden... ¿Cómo van a estar por encima de nuestras instituciones revolucionarias decisiones tomadas y pagadas por el imperialismo en Washington? Esto forma parte de la campaña de desestabilización que no ha cesado desde el 2002, y a la que ustedes hacen comparsa...
Periodista: A ver, amigo... ¿usted sabe que la Corte IDH tiene su sede en Costa Rica? ¿Y que está formada por 7 jueces, ninguno de los cuales es gringo ni canadiense? ¿Qué esos jueces fueron elegidos por votación de todos los países de América, en su gran mayoría latinoamericanos, la mayoría miembros de Unasur, Mercosur o el ALBA? ¡Supe que una jueza, de nacionalidad dominicana, hasta es Miembro de Honor de la Unión de Juristas de Cuba!... Pero como el tiempo en TV es implacable, cambiemos el tema: ¿Por qué aceptar unas decisiones de la Corte (Corte IDH) y otras no? Se aceptó la que condenó el Caracazo, pero no la de los crímenes de El Amparo... y ahora no se acepta la que condena la inhabilitación política de Leopoldo López ¿Cuál es la diferencia entre los crímenes del Caracazo y los de El Amparo, por ejemplo? ¡En El Amparo fueron asesinados campesinos humildes!
Ministro: El Caracazo fue un crimen contra el pueblo cometido por la ultraderecha representada por Carlos Andrés Pérez... en el caso de El Amparo, en cambio, se pretende pasar factura a algunos militares dignos, por sus posturas patrióticas y revolucionarias. ¡Las instituciones revolucionarias tienen que condenar todo lo que va contra el pueblo, o sea, los crímenes de los reaccionarios!
Periodista: Entonces ¿Los campesinos asesinados en El Amparo no eran pueblo? ¿Tampoco lo son Leopoldo López y los venezolanos que reclaman el derecho a elegirlo? ¿Sólo las víctimas del Caracazo, y las de Cantaura o Yumare tenían derechos humanos? ¿Cómo entienden ustedes entonces la igualdad de derechos?
Dirigente PSUV: ¡Tú lo has dicho, pero no lo entiendes! En Yumare y en Cantaura la ultraderecha asesinó a revolucionarios, a gente que buscaba el bienestar del pueblo y luchaba contra los ricos, allí sí se violaron los derechos humanos, y nosotros tenemos que defenderlos... porque somos sus auténticos defensores ¿Pero cuándo has visto tú a la derecha defendiendo los derechos humanos? ¡Nooo, qué va! Por eso, entiéndelo vale, en este asunto del patiquincito de Leopoldo López, si se ha violado algo... no sé qué será, pero los derechos humanos... ¡no!
Amigo lector: disculpe que hayamos tenido que imaginarnos esta entrevista. Ojalá pudiera hacerse en la realidad, con derecho del periodista a preguntar y repreguntar, sin imponerle un guión previo. Y que fuera con el mismo Chávez.
Médico y profesor universitario
romeronerio@hotmail.com
Twitter: @romeronerio
NERIO ENRIQUE ROMERO | EL UNIVERSAL
sábado 24 de septiembre de 2011 12:04 PM
Habrá que imaginársela entonces: una entrevista de un alto dirigente del PSUV y un ministro del actual gobierno, con un periodista tipo Roberto Giusti, José Vicente Antonetti o Vladimir Villegas, en un canal de TV no gubernamental, sobre el tema de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) en casos relacionados con Venezuela. Sabemos que no es posible porque los autodenominados revolucionarios, ante una orden venida del Olimpo, como los niños malcriados le dijeron a esos medios: "¡No te hablo más!". Suponemos entonces que la entrevista sería más o menos así:
Periodista: ¿Cómo entender la actitud del gobierno de no reconocer la validez de la sentencia de la Corte IDH en el caso de la inhabilitación política a Leopoldo López?
Dirigente PSUV: ¡Usando la lógica! El gobierno revolucionario no puede aceptar que entes extranjeros sin competencia para ello pasen por encima de las instituciones bolivarianas de Venezuela...
Periodista: Pero el caso es que la Corte IDH sí tiene competencia en este caso, porque Venezuela firmó en 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la ratificó en 1977; en ella el derecho a ser elegido se considera como un derecho humano... Y la Corte IDH puede juzgar en casos en que se haya violado ese derecho...
Ministro: Bueno, bueno... pero eso fue antes de la Constitución del 99 y la revolución... y las cosas cambian ¡No podemos aceptar intervencionismo extranjero, hay que defender nuestra soberanía!
Periodista: Pero, ministro... la misma Constitución del 99 dice en su artículo 23 que las convenciones sobre derechos humanos firmadas y ratificadas por Venezuela tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata por todos los órganos del Estado... entonces el CNE debe cumplir la sentencia de la Corte IDH, sin necesidad de esperar que el TSJ se lo indique. La Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de cualquier ley, eso lo ordena el artículo 23 de nuestra Constitución...
Dirigente PSUV: Eso es lo que ustedes, los periodistas de medios oligárquicos y disociados no entienden... ¿Cómo van a estar por encima de nuestras instituciones revolucionarias decisiones tomadas y pagadas por el imperialismo en Washington? Esto forma parte de la campaña de desestabilización que no ha cesado desde el 2002, y a la que ustedes hacen comparsa...
Periodista: A ver, amigo... ¿usted sabe que la Corte IDH tiene su sede en Costa Rica? ¿Y que está formada por 7 jueces, ninguno de los cuales es gringo ni canadiense? ¿Qué esos jueces fueron elegidos por votación de todos los países de América, en su gran mayoría latinoamericanos, la mayoría miembros de Unasur, Mercosur o el ALBA? ¡Supe que una jueza, de nacionalidad dominicana, hasta es Miembro de Honor de la Unión de Juristas de Cuba!... Pero como el tiempo en TV es implacable, cambiemos el tema: ¿Por qué aceptar unas decisiones de la Corte (Corte IDH) y otras no? Se aceptó la que condenó el Caracazo, pero no la de los crímenes de El Amparo... y ahora no se acepta la que condena la inhabilitación política de Leopoldo López ¿Cuál es la diferencia entre los crímenes del Caracazo y los de El Amparo, por ejemplo? ¡En El Amparo fueron asesinados campesinos humildes!
Ministro: El Caracazo fue un crimen contra el pueblo cometido por la ultraderecha representada por Carlos Andrés Pérez... en el caso de El Amparo, en cambio, se pretende pasar factura a algunos militares dignos, por sus posturas patrióticas y revolucionarias. ¡Las instituciones revolucionarias tienen que condenar todo lo que va contra el pueblo, o sea, los crímenes de los reaccionarios!
Periodista: Entonces ¿Los campesinos asesinados en El Amparo no eran pueblo? ¿Tampoco lo son Leopoldo López y los venezolanos que reclaman el derecho a elegirlo? ¿Sólo las víctimas del Caracazo, y las de Cantaura o Yumare tenían derechos humanos? ¿Cómo entienden ustedes entonces la igualdad de derechos?
Dirigente PSUV: ¡Tú lo has dicho, pero no lo entiendes! En Yumare y en Cantaura la ultraderecha asesinó a revolucionarios, a gente que buscaba el bienestar del pueblo y luchaba contra los ricos, allí sí se violaron los derechos humanos, y nosotros tenemos que defenderlos... porque somos sus auténticos defensores ¿Pero cuándo has visto tú a la derecha defendiendo los derechos humanos? ¡Nooo, qué va! Por eso, entiéndelo vale, en este asunto del patiquincito de Leopoldo López, si se ha violado algo... no sé qué será, pero los derechos humanos... ¡no!
Amigo lector: disculpe que hayamos tenido que imaginarnos esta entrevista. Ojalá pudiera hacerse en la realidad, con derecho del periodista a preguntar y repreguntar, sin imponerle un guión previo. Y que fuera con el mismo Chávez.
Médico y profesor universitario
romeronerio@hotmail.com
Twitter: @romeronerio
Periodista: ¿Cómo entender la actitud del gobierno de no reconocer la validez de la sentencia de la Corte IDH en el caso de la inhabilitación política a Leopoldo López?
Dirigente PSUV: ¡Usando la lógica! El gobierno revolucionario no puede aceptar que entes extranjeros sin competencia para ello pasen por encima de las instituciones bolivarianas de Venezuela...
Periodista: Pero el caso es que la Corte IDH sí tiene competencia en este caso, porque Venezuela firmó en 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos, y la ratificó en 1977; en ella el derecho a ser elegido se considera como un derecho humano... Y la Corte IDH puede juzgar en casos en que se haya violado ese derecho...
Ministro: Bueno, bueno... pero eso fue antes de la Constitución del 99 y la revolución... y las cosas cambian ¡No podemos aceptar intervencionismo extranjero, hay que defender nuestra soberanía!
Periodista: Pero, ministro... la misma Constitución del 99 dice en su artículo 23 que las convenciones sobre derechos humanos firmadas y ratificadas por Venezuela tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata por todos los órganos del Estado... entonces el CNE debe cumplir la sentencia de la Corte IDH, sin necesidad de esperar que el TSJ se lo indique. La Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de cualquier ley, eso lo ordena el artículo 23 de nuestra Constitución...
Dirigente PSUV: Eso es lo que ustedes, los periodistas de medios oligárquicos y disociados no entienden... ¿Cómo van a estar por encima de nuestras instituciones revolucionarias decisiones tomadas y pagadas por el imperialismo en Washington? Esto forma parte de la campaña de desestabilización que no ha cesado desde el 2002, y a la que ustedes hacen comparsa...
Periodista: A ver, amigo... ¿usted sabe que la Corte IDH tiene su sede en Costa Rica? ¿Y que está formada por 7 jueces, ninguno de los cuales es gringo ni canadiense? ¿Qué esos jueces fueron elegidos por votación de todos los países de América, en su gran mayoría latinoamericanos, la mayoría miembros de Unasur, Mercosur o el ALBA? ¡Supe que una jueza, de nacionalidad dominicana, hasta es Miembro de Honor de la Unión de Juristas de Cuba!... Pero como el tiempo en TV es implacable, cambiemos el tema: ¿Por qué aceptar unas decisiones de la Corte (Corte IDH) y otras no? Se aceptó la que condenó el Caracazo, pero no la de los crímenes de El Amparo... y ahora no se acepta la que condena la inhabilitación política de Leopoldo López ¿Cuál es la diferencia entre los crímenes del Caracazo y los de El Amparo, por ejemplo? ¡En El Amparo fueron asesinados campesinos humildes!
Ministro: El Caracazo fue un crimen contra el pueblo cometido por la ultraderecha representada por Carlos Andrés Pérez... en el caso de El Amparo, en cambio, se pretende pasar factura a algunos militares dignos, por sus posturas patrióticas y revolucionarias. ¡Las instituciones revolucionarias tienen que condenar todo lo que va contra el pueblo, o sea, los crímenes de los reaccionarios!
Periodista: Entonces ¿Los campesinos asesinados en El Amparo no eran pueblo? ¿Tampoco lo son Leopoldo López y los venezolanos que reclaman el derecho a elegirlo? ¿Sólo las víctimas del Caracazo, y las de Cantaura o Yumare tenían derechos humanos? ¿Cómo entienden ustedes entonces la igualdad de derechos?
Dirigente PSUV: ¡Tú lo has dicho, pero no lo entiendes! En Yumare y en Cantaura la ultraderecha asesinó a revolucionarios, a gente que buscaba el bienestar del pueblo y luchaba contra los ricos, allí sí se violaron los derechos humanos, y nosotros tenemos que defenderlos... porque somos sus auténticos defensores ¿Pero cuándo has visto tú a la derecha defendiendo los derechos humanos? ¡Nooo, qué va! Por eso, entiéndelo vale, en este asunto del patiquincito de Leopoldo López, si se ha violado algo... no sé qué será, pero los derechos humanos... ¡no!
Amigo lector: disculpe que hayamos tenido que imaginarnos esta entrevista. Ojalá pudiera hacerse en la realidad, con derecho del periodista a preguntar y repreguntar, sin imponerle un guión previo. Y que fuera con el mismo Chávez.
Médico y profesor universitario
romeronerio@hotmail.com
Twitter: @romeronerio
Salud, educación y vivienda
RAFAEL DÍAZ CASANOVA | EL UNIVERSAL
viernes 23 de septiembre de 2011 12:16 PM
Entre los derechos que consagra la Constitución de 1999 (y las anteriores), están la salud de los ciudadanos, la educación de todos y el acceso a la vivienda que ahora se califica de digna. Pensamos que todas las políticas que ha adelantado el régimen que nos destruye nuestro país, son equivocadas pues no contribuyen ni a resolver los problemas existentes ni a incrementar la felicidad de los venezolanos.
Tendremos que ser esquemáticos pues cada uno de los tres temas requiere de mucha atención.
Para satisfacer los requerimientos de salud de los venezolanos, este régimen comenzó por hipotecar dichas actividades a Cuba, su ideología y sus mentiras. Muy pronto, en 2002 ya llegó una avanzada de cubanos que tras la mampara de la salud y bajo la denominación de "misión milagro" desempeñaron labores de adoctrinamiento político y desplazaron a los centros de salud que entonces atendían médicos, en el año de actividades rurales a los que sus programas educativos los obligaban.
Pero las agresiones a la salud han avanzado a situaciones absolutamente insoportables. Por un lado los centros de salud que regentan los poderes públicos se encuentran en estado deplorable y los centros de salud privados, que con el 10% de las camas teóricamente existentes, atienden el 40% de los eventos de salud del país, reciben el embate del trasnochado capitalismo de Estado que oculta las barbaridades del malparido socialismo del siglo XXI que no es más que el fracasado comunismo del siglo XX.
La educación de los ciudadanos venezolanos también sufre lo suyo.
Tan temprano como en el año 2000, el régimen comenzó sus agresiones con un aberrante proyecto de ley de educación que, entre otras barbaridades, intentaba desplazar la responsabilidad de la educación de los padres de los niños a la burocracia estatal. Luego, desde hace cuatro o cinco años, inició un sistema de estrangulamiento financiero de la educación privada, mediante la limitación de los incrementos de costo de las matrículas de los planteles privados a cotas muy por debajo de la inflación que sufre la nación. La consecuencia es evidente, la calidad y diversidad de la educación o instrucción que reciben los alumnos va mermando a pasos importantes y las retribuciones que perciben sus maestros y profesores, que ya eran limitadas, tampoco pueden satisfacer los embates del crecimiento de los precios y servicios. Todo esto sucede mientras los planteles públicos y sus maestros y profesores, solo evolucionan para peor.
El derecho a que los ciudadanos tengan viviendas adecuadas es otro mito nacional.
El régimen la ha emprendido contra los constructores de viviendas. Hace pocos meses criminalizó la actividad y hoy estamos ante situaciones de miles de damnificados que ven eternizarse su provisionalidad, que se ha "resuelto" con las costillas aportadas por quienes no tienen nada que ver ni con el problema ni con la responsabilidad de resolverlo.
Antes de terminar, quisiera escribir una oración que es absolutamente cierta: "Ningún gobierno ha construido vivienda alguna". Todas las viviendas que se han construido por iniciativas oficiales, desde que Venezuela existe, o son construidas por empresas privadas que contratan con el Estado o son producto de programas de autoconstrucción de limitados éxitos.
Alguien, entre la fauna oficial, resolvió que los constructores de viviendas eran delincuentes. Yo me atrevo a garantizar que la gran mayoría de quienes hoy están en otras latitudes porque decidieron cuidar sus pellejos, son hombres y mujeres honestos que han dedicado muchos años, esfuerzos y recursos para tomar partido en la atención y solución parcial del grave problema de la vivienda inadecuada.
Adicionalmente a los embates contra la construcción de viviendas, los muñecos de la Asamblea aprueban, sin el menor criterio, una ley de inquilinato que tendrá como consecuencia inmediata la desaparición de las viviendas de alquiler.
Este análisis del manejo que reciben los derechos de los venezolanos nos dibujan claramente la destrucción del país.
rafael862@yahoo.com
Twitter: @rafael862
Tendremos que ser esquemáticos pues cada uno de los tres temas requiere de mucha atención.
Para satisfacer los requerimientos de salud de los venezolanos, este régimen comenzó por hipotecar dichas actividades a Cuba, su ideología y sus mentiras. Muy pronto, en 2002 ya llegó una avanzada de cubanos que tras la mampara de la salud y bajo la denominación de "misión milagro" desempeñaron labores de adoctrinamiento político y desplazaron a los centros de salud que entonces atendían médicos, en el año de actividades rurales a los que sus programas educativos los obligaban.
Pero las agresiones a la salud han avanzado a situaciones absolutamente insoportables. Por un lado los centros de salud que regentan los poderes públicos se encuentran en estado deplorable y los centros de salud privados, que con el 10% de las camas teóricamente existentes, atienden el 40% de los eventos de salud del país, reciben el embate del trasnochado capitalismo de Estado que oculta las barbaridades del malparido socialismo del siglo XXI que no es más que el fracasado comunismo del siglo XX.
La educación de los ciudadanos venezolanos también sufre lo suyo.
Tan temprano como en el año 2000, el régimen comenzó sus agresiones con un aberrante proyecto de ley de educación que, entre otras barbaridades, intentaba desplazar la responsabilidad de la educación de los padres de los niños a la burocracia estatal. Luego, desde hace cuatro o cinco años, inició un sistema de estrangulamiento financiero de la educación privada, mediante la limitación de los incrementos de costo de las matrículas de los planteles privados a cotas muy por debajo de la inflación que sufre la nación. La consecuencia es evidente, la calidad y diversidad de la educación o instrucción que reciben los alumnos va mermando a pasos importantes y las retribuciones que perciben sus maestros y profesores, que ya eran limitadas, tampoco pueden satisfacer los embates del crecimiento de los precios y servicios. Todo esto sucede mientras los planteles públicos y sus maestros y profesores, solo evolucionan para peor.
El derecho a que los ciudadanos tengan viviendas adecuadas es otro mito nacional.
El régimen la ha emprendido contra los constructores de viviendas. Hace pocos meses criminalizó la actividad y hoy estamos ante situaciones de miles de damnificados que ven eternizarse su provisionalidad, que se ha "resuelto" con las costillas aportadas por quienes no tienen nada que ver ni con el problema ni con la responsabilidad de resolverlo.
Antes de terminar, quisiera escribir una oración que es absolutamente cierta: "Ningún gobierno ha construido vivienda alguna". Todas las viviendas que se han construido por iniciativas oficiales, desde que Venezuela existe, o son construidas por empresas privadas que contratan con el Estado o son producto de programas de autoconstrucción de limitados éxitos.
Alguien, entre la fauna oficial, resolvió que los constructores de viviendas eran delincuentes. Yo me atrevo a garantizar que la gran mayoría de quienes hoy están en otras latitudes porque decidieron cuidar sus pellejos, son hombres y mujeres honestos que han dedicado muchos años, esfuerzos y recursos para tomar partido en la atención y solución parcial del grave problema de la vivienda inadecuada.
Adicionalmente a los embates contra la construcción de viviendas, los muñecos de la Asamblea aprueban, sin el menor criterio, una ley de inquilinato que tendrá como consecuencia inmediata la desaparición de las viviendas de alquiler.
Este análisis del manejo que reciben los derechos de los venezolanos nos dibujan claramente la destrucción del país.
rafael862@yahoo.com
Twitter: @rafael862
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