Lavado de dinero | Son 35 los sancionados por supuestos lazos con el narcotráfico
EEUU incluye en su lista negra a otros cuatro funcionarios
En su última actualización de esta base de datos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó al comandante de la IV División Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá Cordones; al exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal; al expresidente del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa Salázar.
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Las autoridades de EEUU consideran que el general Alcalá y el diputado Bernal tienen relación con el mundo del narcotráfico ARCHIVO
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 9 de septiembre de 2011 12:00 AM
Como la espuma. Así está creciendo el número de funcionarios y exfuncionarios venezolanos que están en la lista que el Gobierno de los Estados Unidos tiene sobre personas sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas, la cual en tres años ha pasado de tres fichados a siete.
En su última actualización de esta base de datos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó al comandante de la IV División Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá Cordones; al exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal; al expresidente del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa Salázar; al; y al oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Ramón Madriz Moreno.
Estos funcionarios se suman al exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín; al hoy jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Henry Rangel Silva; y al director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, los cuales pasaron a ingresaron a esta lista en 2008.
Al general Alcalá el presunto narcotraficante Walid Makled, quien también figura en este sistema desde 2009, lo ha acusado en reiteradas ocasiones de estar implicado en el tráfico de drogas y de facilitarle armas a la guerrilla colombiana.
El oficial ha negado estos señalamientos, a los cuales no ha dudado en calificar como ataques no contra él, "sino contra la Fuerza Armada".
¿Qué consecuencias tendrá para los funcionarios estar en esta lista? El Departamento del Tesoro, en un comunicado, recordó que la legislación estadounidense los autoriza a confiscarle los bienes y activos; así como impedirles realizar cualquier actividad comercial en dicho país.
Otros mencionados
Además de los funcionarios y exfuncionarios arriba mencionados, en la lista, de 517 páginas de extensión, figuran 17 personas naturales y 11 empresas instaladas en el país.
La mayoría de los primeros (13) son oriundos de Colombia, aunque también cuentan con nacionalidad venezolana y entre ellos resaltan miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Rodrigo Granda u Orlay Jurado, éste último conocido como el comandante Hermes; y reconocidos miembros del crimen organizado como el líder del cartel de Calí, Gilberto Rodríguez Orejuela.
Entre los nacionales figuran los presuntos narcotraficantes Hermágoras González, quien también estaba vinculado a grupos paramilitares colombianos; y como ya se señaló antes Walid Makled, quien fuera extraditado de Colombia este año y se encuentra a la espera de ser enjuiciado por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el asesinato del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.
Por su parte, al pasar revista de las 11 compañías a las que Washington considera sospechosas de tener vínculos con el mundo del tráfico de estupefacientes y del terrorismo se observa que 6 son propiedad de extranjeros o filiales de empresas foráneas y 5 son de origen venezolano. Del primer grupo dos son iraníes: El Banco Internacional de Desarrollo (BID) y Petropars Limited.
La entidad financiera, cuyas oficinas están en El Rosal, en Caracas, es una sucursal del Export Develop-ment Bank de Irán (EDBI), y en 2010 ya fue noticia cuando la Unión Europea anunció que la sancionaba por sus supuestos nexos con el programa nuclear que el régimen de los ayatolás lleva adelante; y la otra es la filial de la estatal petrolera persa.
El Gobierno reacciona
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana, rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU contra cuatro venezolanos y aseguró que éstas son "parte de las acciones de agresión permanente" contra el país.
"El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza con toda la contundencia, estos anuncios del Departamento del Tesoro de EEUU que constituyen una expresión más del carácter imperial y arrogante con el que actúan estas instituciones contra nuestros países", dice el documento, publicado por AVN.
Según el comunicado, "este tipo de acciones se suman a las permanentes campañas de difamación orquestadas desde los centros del poder imperial estadounidense, con el objetivo expreso de darle sustento a las políticas de hostilidad hacia nuestra patria".
Finaliza diciendo: "Es por eso que una vez más denunciamos (...) estas medidas unilaterales y violatorias del derecho internacional, las cuales procederemos a rechazar ante el gobierno de los Estados Unidos".
En su última actualización de esta base de datos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó al comandante de la IV División Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá Cordones; al exalcalde de Caracas y actual diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal; al expresidente del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa Salázar; al; y al oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Ramón Madriz Moreno.
Estos funcionarios se suman al exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín; al hoy jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Henry Rangel Silva; y al director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, los cuales pasaron a ingresaron a esta lista en 2008.
Al general Alcalá el presunto narcotraficante Walid Makled, quien también figura en este sistema desde 2009, lo ha acusado en reiteradas ocasiones de estar implicado en el tráfico de drogas y de facilitarle armas a la guerrilla colombiana.
El oficial ha negado estos señalamientos, a los cuales no ha dudado en calificar como ataques no contra él, "sino contra la Fuerza Armada".
¿Qué consecuencias tendrá para los funcionarios estar en esta lista? El Departamento del Tesoro, en un comunicado, recordó que la legislación estadounidense los autoriza a confiscarle los bienes y activos; así como impedirles realizar cualquier actividad comercial en dicho país.
Otros mencionados
Además de los funcionarios y exfuncionarios arriba mencionados, en la lista, de 517 páginas de extensión, figuran 17 personas naturales y 11 empresas instaladas en el país.
La mayoría de los primeros (13) son oriundos de Colombia, aunque también cuentan con nacionalidad venezolana y entre ellos resaltan miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Rodrigo Granda u Orlay Jurado, éste último conocido como el comandante Hermes; y reconocidos miembros del crimen organizado como el líder del cartel de Calí, Gilberto Rodríguez Orejuela.
Entre los nacionales figuran los presuntos narcotraficantes Hermágoras González, quien también estaba vinculado a grupos paramilitares colombianos; y como ya se señaló antes Walid Makled, quien fuera extraditado de Colombia este año y se encuentra a la espera de ser enjuiciado por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el asesinato del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.
Por su parte, al pasar revista de las 11 compañías a las que Washington considera sospechosas de tener vínculos con el mundo del tráfico de estupefacientes y del terrorismo se observa que 6 son propiedad de extranjeros o filiales de empresas foráneas y 5 son de origen venezolano. Del primer grupo dos son iraníes: El Banco Internacional de Desarrollo (BID) y Petropars Limited.
La entidad financiera, cuyas oficinas están en El Rosal, en Caracas, es una sucursal del Export Develop-ment Bank de Irán (EDBI), y en 2010 ya fue noticia cuando la Unión Europea anunció que la sancionaba por sus supuestos nexos con el programa nuclear que el régimen de los ayatolás lleva adelante; y la otra es la filial de la estatal petrolera persa.
El Gobierno reacciona
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana, rechazó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU contra cuatro venezolanos y aseguró que éstas son "parte de las acciones de agresión permanente" contra el país.
"El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza con toda la contundencia, estos anuncios del Departamento del Tesoro de EEUU que constituyen una expresión más del carácter imperial y arrogante con el que actúan estas instituciones contra nuestros países", dice el documento, publicado por AVN.
Según el comunicado, "este tipo de acciones se suman a las permanentes campañas de difamación orquestadas desde los centros del poder imperial estadounidense, con el objetivo expreso de darle sustento a las políticas de hostilidad hacia nuestra patria".
Finaliza diciendo: "Es por eso que una vez más denunciamos (...) estas medidas unilaterales y violatorias del derecho internacional, las cuales procederemos a rechazar ante el gobierno de los Estados Unidos".
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