Sin derechos
En cuatro años a la Fiscalía llegaron 30 mil denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, pero solo 7 por ciento llegaron a ser conocidos por un juez y apenas 4% terminaron en condena. Por Francisco Olivares
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Cada día 53 venezolanos no regresarán a su hogar o serán asesinados en su propia casa. un hijo llora a su padre asesinado en una calle del barrio, sus historias parecen aceptarse como un hecho inevitable. FERNANDO SANCHEZ
EL UNIVERSAL
domingo 18 de noviembre de 2012 12:00 AM
Cada día once personas que habitan en el área metropolitana de Caracas no regresarán a su hogar o serán asesinadas en su propia casa. En todo el país ocurrirá lo mismo con 53 venezolanos. Un padre de familia que se trasladaba a su trabajo en horas de la madrugada se tropezó con un malhumorado sujeto quien para resolver una simple disputa callejera le propinó 27 tiros al pacífico trabajador. Una familia que disfrutaba de una reunión familiar fue atacada por una banda de delincuentes armados, quienes luego de desvalijar la modesta vivienda mataron a dos miembros de esa familia. Cuatro jóvenes que se desplazaban por la Cota Mil en horas de la noche en una camioneta lujosa intentarían evadir una alcabala sospechosa que resultó ser de la Policía Libertador por lo que fueron atacados a tiros con el resultado de un muerto y otros dos heridos. Un grupo de sicarios que se hacen pasar por policías rodean una vivienda, la queman y asesinan a un padre y a su hijo enfrente de la familia y del vecindario.
Los reportes diarios de las páginas de suceso dan cuenta de la diversidad de circunstancias en que los venezolanos son asesinados, algunos en las calles, otros en sus propios hogares, pero sus historias parecen aceptarse como una fuerza desconocida que actúa de manera inevitable sobre las personas. Son 53 víctimas entre varios millones que aceptamos como un atributo obligado, que parecen haber sido elegidas por un impulso desconocido que las selecciona a su suerte, mientras que desde la distancia del poder el fenómeno se acepta como un mal de la humanidad de la que Venezuela no escapa. El pasado año fue el más violento de todos los tiempos, el "tributo" lo pagaron 19.336 personas.
La pasada semana Venezuela fue aceptada para formar parte de del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo cual para el representante venezolano, Jorge Valero es un reconocimiento a los logros de la revolución en materia de Derechos Humanos, olvidando que el puesto pertenece a Venezuela y no al Gobierno, al tiempo que hay que destacar que el estar en el organismo no implica una suerte de certificación o aval como país que cumple con los estándares internacionales en esa materia.
Una de las tareas más importantes que debe tener un Estado es la defensa del derecho a la vida que en Venezuela parece ocultarse cuando las mismas cifras del organismo al que el Gobierno celebra su ingreso lo ubican como el país con más violencia en el continente después de Honduras y El Salvador.
Primeros en violencia
La oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica a Venezuela como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo. De haber estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el año 1995, en 2011 llegamos a los primeros lugares con 45,1 homicidios por 100 mil habitantes. Sin embargo, la cifra de la ONU es bastante conservadora entendiendo que este organismo basa sus datos estableciendo un promedio en la data que levantan las ONG y los organismos oficiales de los gobiernos. En contraste, para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas registra un índice muy superior. Según sus estimaciones Venezuela registró 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. "Esto es una barbaridad" sostiene la directora de Cofavic, ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Indica la especialista que la ONU considera como "epidemia" un índice que sea superior a 10.
De manera que ya con estos datos no habría motivos para celebrar nuestro ingreso a la comisión de la ONU sino declarar en emergencia nacional y explicar por qué 19 planes de seguridad no han tenido éxito en 14 años de gestión.
Aunque el Presidente Hugo Chávez ha sostenido que la violencia en Venezuela ha sido un asunto de percepción atribuyendo a los medios el despliegue y manipulación de las cifras, además de las del INE, las cifras ofrecidas por el último plan vigente denominado "Misión a Toda Vida Venezuela" igualmente muestran el ascenso sostenido que va de 12 homicidios por 100 mil habitantes en 1991 a 50 homicidios por 100 mil habitantes en 2009.
Cofavic presentó recientemente en la sesión ordinaria de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe sobre "violencia e impunidad", en donde se destacó el tema del "derecho a la vida e integridad personal". El informe se basó fundamentalmente en cifras aportadas por los propios organismos del Estado resultando que algunos de ellos reportan cifras por encima de las que presentan algunas ONG.
Venezuela y los DDHH
El vicepresidente Nicolás Maduro al celebrar igualmente el puesto de Venezuela dijo durante el programa Contragolpe de VTV, que en el país hay una "amplia garantía en Derechos Humanos" y destacó que Venezuela merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un año de victoria para la Revolución Bolivariana.
Pero también en materia de Derechos Humanos las cifras no respaldan las afirmaciones del Gobierno según las cuales son grandes defensores de los derechos de los ciudadanos.
Explica Liliana Ortega, directora de Cofavic, que el Ministerio Público en el período de 2006 a 2010 reconoció que habían 30 mil nuevos ingresos, referido a casos que fueron denunciados por violaciones a los Derechos Humanos en el organismo. Es decir, estos son casos que la Fiscalía conoce en esos años indicados en sus informes anuales de acuerdo a las denuncias recibidas. Allí no se distingue si son casos de torturas o violaciones al derecho a la vida o libertad de expresión pero en conjunto son casos de Derechos Humanos.
Estas denuncias no son delitos comunes, sino que tienen que ver con situaciones donde hay una agresión o vulneración en la que hubo una intervención de funcionarios del Estado o de grupos de personas que actuaron con la aquiescencia del Estado, la tolerancia del Estado, abuso de poder, uso desproporcionado de la fuerza pública etc. Por ello son delitos que son cometidos por entes o funcionarios públicos en contra del ciudadano.
¿Qué pasa con esos casos? Explica Liliana Ortega que según los datos aportados por el Ministerio Público 93% terminan en sobreseimientos en archivos fiscales y desestimaciones, 7% restantes logran ver a un juez y van a acusaciones. Pero solo 4% termina en condena. En ese 7% es donde las víctimas han logrado ver a un juez, han podido al menos ser escuchados.
En 2011 la Fiscalía recibió en materia de violaciones a los Derechos Humanos 8. 813 nuevos casos. Ellos asumen oficialmente que son casos denunciados. ¿Qué pasa con eso? Que 97% terminó en sobreseimiento y archivos fiscales, que es 4% de aumento. En ese caso sólo 3% terminó en acusación, pero no hay cifras de condena. "Hay una demostración de que hay una tendencia de reducción de la justicia", indica Ortega.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro aspecto que destaca el informe de Cofavic presentado ante la Comisión Interamericana es la participación de funcionarios policiales en las llamadas ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno estima que entre 20 y 25 % de los agentes policiales han participado en actividades delictivas. A la par de eso, es el propio Ministerio Público el que señala que entre los años 2000 y 2008, se registraron 1000 casos por año de muertes por uso excesivo de la fuerza policial. Mientras que en 2010 es el propio Ministerio del Interior y Justicia registra 3.492 casos de muertes violentas por parte de la policía.
Cabe destacar que estas muertes que han ido en aumento no son agregadas a las estadísticas de homicidios porque la mayoría de los casos se identifican como "resistencia a la autoridad".
Estos grupos policiales que fueron conocidos como "grupos de exterminio" se han detectado en 20 estados del país gobernados por oficialistas u opositores. La Defensoría del Pueblo en 2010 recibió 134 denuncias de detenciones arbitrarias que terminaron en ejecuciones. Ya Venezuela cuenta con dos sentencias en contra en la Corte Interamericana referidos a los casos de la familia Barrios en el Estado Aragua donde fueron ejecutados siete miembros de esa familia y el caso de la familia Uzcátegui en Falcón donde dos jóvenes fueron ejecutados, en ambos casos por cuerpos policiales.
La sentencia condenó a Venezuela por violación al derecho a la vida, violación a la integridad personal y al debido proceso. Para ambos casos desde Cofavic se buscaron dos peritajes distintos internacionales para que establecieran por qué esos casos no tuvieron ningún éxito en las instancias internas. Explica Liliana Ortega que estos dos peritos encontraron que la mayor parte de las pruebas iniciales que hay que realizar en una investigación donde hay un homicidio se hicieron dos años después, como tomas de fotografías, fijación del sitio del suceso, planimetría etc. Se determinó que la mayoría de las líneas de investigación que asumió el Ministerio Público era determinar la muerte de la persona, pero no había una línea de investigación adicional que tuviese la posibilidad de llevar hacia quiénes habían cometido los homicidios. Entonces hay escasísimas declaraciones de los presuntos responsables y muy escasas diligencias sobre el parque de armas para fijar el arma que fue utilizada, las pruebas de disparos, la declaración de los actuantes en el procedimiento, pruebas de balística etc.
Es importante destaca que la tutela de las víctimas se ha eliminado en Venezuela. Con la reforma del COPP en junio de 2012 se elimina del artículo 121 la facultad que tenían las ONG de DDHH de presentar querellas contra funcionarios públicos, el mayor numero de personas quienes asumen la búsqueda de justicia son mujeres de bajos recursos y de esa gente que lucha contra la impunidad, 70% denuncia que en algún momento en su búsqueda de la justicia fue hostigada o amenazada. "Nos han borrado del acompañamiento de las víctimas formalmente", dice LilianaOrtega.
twitter: @folivares10
Los reportes diarios de las páginas de suceso dan cuenta de la diversidad de circunstancias en que los venezolanos son asesinados, algunos en las calles, otros en sus propios hogares, pero sus historias parecen aceptarse como una fuerza desconocida que actúa de manera inevitable sobre las personas. Son 53 víctimas entre varios millones que aceptamos como un atributo obligado, que parecen haber sido elegidas por un impulso desconocido que las selecciona a su suerte, mientras que desde la distancia del poder el fenómeno se acepta como un mal de la humanidad de la que Venezuela no escapa. El pasado año fue el más violento de todos los tiempos, el "tributo" lo pagaron 19.336 personas.
La pasada semana Venezuela fue aceptada para formar parte de del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo cual para el representante venezolano, Jorge Valero es un reconocimiento a los logros de la revolución en materia de Derechos Humanos, olvidando que el puesto pertenece a Venezuela y no al Gobierno, al tiempo que hay que destacar que el estar en el organismo no implica una suerte de certificación o aval como país que cumple con los estándares internacionales en esa materia.
Una de las tareas más importantes que debe tener un Estado es la defensa del derecho a la vida que en Venezuela parece ocultarse cuando las mismas cifras del organismo al que el Gobierno celebra su ingreso lo ubican como el país con más violencia en el continente después de Honduras y El Salvador.
Primeros en violencia
La oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica a Venezuela como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo. De haber estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el año 1995, en 2011 llegamos a los primeros lugares con 45,1 homicidios por 100 mil habitantes. Sin embargo, la cifra de la ONU es bastante conservadora entendiendo que este organismo basa sus datos estableciendo un promedio en la data que levantan las ONG y los organismos oficiales de los gobiernos. En contraste, para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas registra un índice muy superior. Según sus estimaciones Venezuela registró 75 homicidios por cada 100 mil habitantes. "Esto es una barbaridad" sostiene la directora de Cofavic, ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Indica la especialista que la ONU considera como "epidemia" un índice que sea superior a 10.
De manera que ya con estos datos no habría motivos para celebrar nuestro ingreso a la comisión de la ONU sino declarar en emergencia nacional y explicar por qué 19 planes de seguridad no han tenido éxito en 14 años de gestión.
Aunque el Presidente Hugo Chávez ha sostenido que la violencia en Venezuela ha sido un asunto de percepción atribuyendo a los medios el despliegue y manipulación de las cifras, además de las del INE, las cifras ofrecidas por el último plan vigente denominado "Misión a Toda Vida Venezuela" igualmente muestran el ascenso sostenido que va de 12 homicidios por 100 mil habitantes en 1991 a 50 homicidios por 100 mil habitantes en 2009.
Cofavic presentó recientemente en la sesión ordinaria de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe sobre "violencia e impunidad", en donde se destacó el tema del "derecho a la vida e integridad personal". El informe se basó fundamentalmente en cifras aportadas por los propios organismos del Estado resultando que algunos de ellos reportan cifras por encima de las que presentan algunas ONG.
Venezuela y los DDHH
El vicepresidente Nicolás Maduro al celebrar igualmente el puesto de Venezuela dijo durante el programa Contragolpe de VTV, que en el país hay una "amplia garantía en Derechos Humanos" y destacó que Venezuela merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un año de victoria para la Revolución Bolivariana.
Pero también en materia de Derechos Humanos las cifras no respaldan las afirmaciones del Gobierno según las cuales son grandes defensores de los derechos de los ciudadanos.
Explica Liliana Ortega, directora de Cofavic, que el Ministerio Público en el período de 2006 a 2010 reconoció que habían 30 mil nuevos ingresos, referido a casos que fueron denunciados por violaciones a los Derechos Humanos en el organismo. Es decir, estos son casos que la Fiscalía conoce en esos años indicados en sus informes anuales de acuerdo a las denuncias recibidas. Allí no se distingue si son casos de torturas o violaciones al derecho a la vida o libertad de expresión pero en conjunto son casos de Derechos Humanos.
Estas denuncias no son delitos comunes, sino que tienen que ver con situaciones donde hay una agresión o vulneración en la que hubo una intervención de funcionarios del Estado o de grupos de personas que actuaron con la aquiescencia del Estado, la tolerancia del Estado, abuso de poder, uso desproporcionado de la fuerza pública etc. Por ello son delitos que son cometidos por entes o funcionarios públicos en contra del ciudadano.
¿Qué pasa con esos casos? Explica Liliana Ortega que según los datos aportados por el Ministerio Público 93% terminan en sobreseimientos en archivos fiscales y desestimaciones, 7% restantes logran ver a un juez y van a acusaciones. Pero solo 4% termina en condena. En ese 7% es donde las víctimas han logrado ver a un juez, han podido al menos ser escuchados.
En 2011 la Fiscalía recibió en materia de violaciones a los Derechos Humanos 8. 813 nuevos casos. Ellos asumen oficialmente que son casos denunciados. ¿Qué pasa con eso? Que 97% terminó en sobreseimiento y archivos fiscales, que es 4% de aumento. En ese caso sólo 3% terminó en acusación, pero no hay cifras de condena. "Hay una demostración de que hay una tendencia de reducción de la justicia", indica Ortega.
Ejecuciones extrajudiciales
Otro aspecto que destaca el informe de Cofavic presentado ante la Comisión Interamericana es la participación de funcionarios policiales en las llamadas ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno estima que entre 20 y 25 % de los agentes policiales han participado en actividades delictivas. A la par de eso, es el propio Ministerio Público el que señala que entre los años 2000 y 2008, se registraron 1000 casos por año de muertes por uso excesivo de la fuerza policial. Mientras que en 2010 es el propio Ministerio del Interior y Justicia registra 3.492 casos de muertes violentas por parte de la policía.
Cabe destacar que estas muertes que han ido en aumento no son agregadas a las estadísticas de homicidios porque la mayoría de los casos se identifican como "resistencia a la autoridad".
Estos grupos policiales que fueron conocidos como "grupos de exterminio" se han detectado en 20 estados del país gobernados por oficialistas u opositores. La Defensoría del Pueblo en 2010 recibió 134 denuncias de detenciones arbitrarias que terminaron en ejecuciones. Ya Venezuela cuenta con dos sentencias en contra en la Corte Interamericana referidos a los casos de la familia Barrios en el Estado Aragua donde fueron ejecutados siete miembros de esa familia y el caso de la familia Uzcátegui en Falcón donde dos jóvenes fueron ejecutados, en ambos casos por cuerpos policiales.
La sentencia condenó a Venezuela por violación al derecho a la vida, violación a la integridad personal y al debido proceso. Para ambos casos desde Cofavic se buscaron dos peritajes distintos internacionales para que establecieran por qué esos casos no tuvieron ningún éxito en las instancias internas. Explica Liliana Ortega que estos dos peritos encontraron que la mayor parte de las pruebas iniciales que hay que realizar en una investigación donde hay un homicidio se hicieron dos años después, como tomas de fotografías, fijación del sitio del suceso, planimetría etc. Se determinó que la mayoría de las líneas de investigación que asumió el Ministerio Público era determinar la muerte de la persona, pero no había una línea de investigación adicional que tuviese la posibilidad de llevar hacia quiénes habían cometido los homicidios. Entonces hay escasísimas declaraciones de los presuntos responsables y muy escasas diligencias sobre el parque de armas para fijar el arma que fue utilizada, las pruebas de disparos, la declaración de los actuantes en el procedimiento, pruebas de balística etc.
Es importante destaca que la tutela de las víctimas se ha eliminado en Venezuela. Con la reforma del COPP en junio de 2012 se elimina del artículo 121 la facultad que tenían las ONG de DDHH de presentar querellas contra funcionarios públicos, el mayor numero de personas quienes asumen la búsqueda de justicia son mujeres de bajos recursos y de esa gente que lucha contra la impunidad, 70% denuncia que en algún momento en su búsqueda de la justicia fue hostigada o amenazada. "Nos han borrado del acompañamiento de las víctimas formalmente", dice LilianaOrtega.
twitter: @folivares10
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