Opinión: Directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé
La Directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé, retardo no supera el 10 % de los privados de libertad que están siendo procesado.
Por :Jhonny Castillo
Lo primero que intuimos es que sólo tiene tiempo para atender cuestiones estrictamente relacionadas con su trabajo como directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP). Sin embargo, María Mercedes Berthé, tuvo la gentileza de hacer un paréntesis para opinar sobre la situación de las cárceles venezolanas y otros temas relacionados con el ámbito de su competencia.
Por :Jhonny Castillo
Lo primero que intuimos es que sólo tiene tiempo para atender cuestiones estrictamente relacionadas con su trabajo como directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP). Sin embargo, María Mercedes Berthé, tuvo la gentileza de hacer un paréntesis para opinar sobre la situación de las cárceles venezolanas y otros temas relacionados con el ámbito de su competencia.
p>La Dirección de Protección de Derechos Fundamentales fue creada en el año 2001, y reimpulsada por la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, con el propósito de investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado, como, por ejemplo, privación ilegitima de libertad y desaparición forzada, entre otras.
Además el área cuenta con fiscales con competencia en régimen penitenciario que velan por el cumplimiento de la sentencia condenatoria, los derechos de ejecución de sentencia y todo lo que tiene que ver con el debido proceso y los derechos fundamentales de los privados de libertad. También atienden casos de derechos indígenas y derechos de autor.
Se utilizan inadecuadamente los datos: La situación de las cárceles y el retardo procesal es un tema que con sus implicaciones y bemoles, ha permanecido durante los últimos meses en el clima de la opinión pública nacional, ocupando grandes espacios en los diferentes medios de comunicación, sobre todo, desde la crisis generada recientemente por los llamados "pranes" en El Rodeo I y II, y debido a la importancia que alcanza el tema en el contexto político y social del país.
Al respecto dice María Mercedes Berthé que en ocasiones la situación no es bien ponderada porque lamentablemente se utilizan inadecuadamente algunos datos. Señala que lo cierto es que, según las cifras oficiales, hasta junio de este año, los retardos procesales en las cárceles venezolanas no superaban el 10 % de las personas que aún no tienen sentencia.
Aseveró la funcionaria que a veces se acusa al Ministerio Público y a otras instituciones del retardo procesal cuando en verdad muchas veces el mismo se genera por fallas que no siempre pueden ser imputadas única y exclusivamente al Estado.
En tal sentido enfatizó que se están haciendo grandes esfuerzos para acelerar el proceso, pero que son varias las razones por las cuales los privados de libertad lamentablemente no acuden a los tribunales, como, por ejemplo, la violencia interna, fallas en la logística y otros aspectos que paralizan la acción.
Señaló la funcionaria que de la población penitenciaria que hasta junio del 2011 era de 49 mil 251 personas, el 38,79 %, o sea, 19 mil 102 personas tenían sentencia condenatoria; mientras que el 61,21 %, es decir, 30 mil 149 estaban siendo procesadas. Además aclaró Berthé que de estos 30 mil 149 que están siendo procesadas solo 3 mil 14 pudieran tener retardo procesal.
Precisó la funcionaria que utiliza el verbo en infinitivo ("pudieran") porque esas personas tienen dos años detenidas sin que se les haya dictado sentencia absolutoria o condenatoria, y habría que revisar las causas para saber si los motivos de esa demora son atribuibles al Estado, o por el contrario a una premeditación de los abogados defensores o del propio recluso para no asistir a los tribunales. Señala que de ser así se estaría hablando de dilación y no de retardo procesal.
Plan de celeridad procesal: La directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Lourdes Berthé, refirió que el plan de celeridad procesal no es una contingencia debido a lo ocurrido recientemente en El Rodeo I y II, sino que desde el 2008 el sistema de justicia venezolano impulsa y ejecuta alternativas como los juicios itinerantes.
En tal sentido, manifestó que desde hace tiempo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz ha venido apoyando con mucha determinación estrategias para agilizar los procesos por la vía de los fiscales de ejecución de sentencia, y otros funcionarios que participan de una acción dirigida a descongestionar las cárceles del país.
Explicó que con el propósito de superar barreras y obstáculos que lamentablemente aún persisten, se vienen realizando audiencias a las puertas de los penales que son fijadas por jueces itinerantes de control y de juicio, con la determinación de atenuar los problemas que impiden que los presos asistan regularmente a las audiencias respectivas.
"No hay dudas de que estamos cumpliendo con lo estipulado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que ocurre es que han aumentado los casos que obligan al MP a adoptar medidas que incluyen la privativa de libertad , por riesgo de fuga y obstaculización de la justicia " acotó Berthé.
Continuó explicando, que lo anterior no descarta que el juez de oficio, a solicitud del imputado, pueda revisar la causa para otorgar una medida menos gravosa
Garantía a los derechos fundamentales.
Interrogamos a María Lourdes Berthe acerca de la inquietud mostrada públicamente por el presidente de la República, Hugo Chávez, de revisar el caso de las personas que están privados de libertad y sufren de enfermedades graves como el cáncer.
Al respecto recordó que el Ministerio Público a Través del Consejo Superior Penitenciario, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia y otros entes del poder judicial, desde hace algunos años está ejecutando nuevas estrategias en el área penitenciaria que buscan atenuar los terribles efectos del hacinamiento, la violencia y la corrupción.
Dijo Berthe que ha sido interés permanente del MP revisar los casos de privados de libertad con problemas de salud y enfermedades graves, con la finalidad de beneficiarlos con la llamada libertad restringida y otras medidas menos gravosas, por lo menos hasta que superen los quebrantos de salud.
"Existe una comisión que revisa las causas, exige celeridad en los procesos y trabaja fuerte para garantizar derechos fundamentales como es por ejemplo, el derecho a la vida", apuntó.
Recalcó que los fiscales de régimen penitenciario y ejecución de sentencia mantienen contacto directo con los reclusos y conocen de sus necesidades, para luego buscar soluciones adecuadas según lo establece la normativa legal vigente.
Señaló que, aunque siempre se ha trabajado en ese sentido, desde el 2010 se vienen efectuando jornadas permanentes de asistencia integral en todas las cárceles del país en las que participa el MP conjuntamente con el TSJ, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.
Tenemos claro el sentido de corresponsabilidad: Quisimos abordar también a María Mercedes Berthe acerca de un tema que ha levantado polémica como fue la decisión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, de no permitir el ingreso de más personas en los recintos penitenciarios.
En tal sentido precisó que el Ministerio Público es respetuoso de las decisiones tomadas por el resto de las instituciones del Estado y que siempre estará dispuesto a apoyar decididamente todas las acciones que contribuyan a preservar los derechos humanos y las garantías constitucionales.
"Tenemos fiscales y otros funcionarios con mucha experiencia, formados y dispuestos a colaborar para hacer evaluaciones o levantar cualquier diagnósticos sobre el caso. Si nos llaman estaremos allí, dispuestos a colaborar. Tenemos claro el principio de corresponsabilidad", acotó la funcionaria.
El Caracazo, Yumare y Cantaura : Los fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, han desarrollado investigaciones importantes en casos polémicos que han generado ruido en la opinión pública nacional, como las masacres de El Caracazo, Cantaura y Yumare, casos en los que la actuación de la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha sido determinante para tratar de castigar a los culpables y hacer justicia junto a los familiares de las víctimas.
De allí que por los sucesos de El Caracazo fueron presentadas acusaciones el año pasado contra Augusto Del Valle Alliegro (50 víctimas), Manuel Heinz Azpurua (50 víctimas) y José Rafael León Orsini (121 victimas), por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad necesaria y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales previstos en los artículos 406.1 y 155 del Código Penal.
También cursaba la solicitud de extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien murió el 25 de diciembre del 2010.
El Ministerio Público continúa investigando denuncias según las cuales por lo menos mil 600 venezolanos fueron torturados, desaparecidos y asesinados durante las oscuras décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.
Según estadísticas publicadas en el Informe Anual de año 2010, presentado ante la Asamblea Nacional (AN), la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales reportó 25 mil 644 egresos, correspondientes a : Derechos Fundamentales (10 mil 138), Ejecución de Sentencia (8 mil 675) y Régimen Penitenciario ( 6 mil 831).
En cuanto a presentación de actos conclusivos en materia de derechos fundamentales fueron 9 mil 131 egresos discriminados de la siguiente forma: acusaciones (266), solicitudes de sobreseimiento (4 mil 502) Decretos de Archivo Fiscal (4 mil 363). Mientras que los en otras acciones los fiscales del MP sumaron mil 07 solicitudes de desestimación.
Por otra parte durante ese lapso realizaron mil 012 imputaciones y solicitaron mil 400 actuaciones referidas a: presentación en tribunales por aprehensiones flagrantes (18), órdenes de aprehensión (112), órdenes de allanamiento (7) audiencias preliminares (423) y Juicios (840).
En materia de Ejecución de Sentencia las estadísticas indican que hubo 8 mil 675 asuntos egresados correspondientes a extinción de pena (8.303) y comisión concluida (373).
Al mismo tiempo en Régimen Penitenciario se totalizaron 6 mil 831 egresos distribuidos en consignación de escritos ante el órgano jurisdiccional (4 mil 810), y consignación de informes ante otras instituciones 2 mil 021.
Con relación al Plan de Celeridad Procesal El Informe Anual del 2010 indica que se celebraron audiencias itinerantes en la Penitenciaria General de Venezuela (106), Rodeo I (25), Rodeo II (43), Yare I , II y III (52), Uribana (13) y Área Metropolitana de Caracas (AMC) (319).
Además el área cuenta con fiscales con competencia en régimen penitenciario que velan por el cumplimiento de la sentencia condenatoria, los derechos de ejecución de sentencia y todo lo que tiene que ver con el debido proceso y los derechos fundamentales de los privados de libertad. También atienden casos de derechos indígenas y derechos de autor.
Se utilizan inadecuadamente los datos: La situación de las cárceles y el retardo procesal es un tema que con sus implicaciones y bemoles, ha permanecido durante los últimos meses en el clima de la opinión pública nacional, ocupando grandes espacios en los diferentes medios de comunicación, sobre todo, desde la crisis generada recientemente por los llamados "pranes" en El Rodeo I y II, y debido a la importancia que alcanza el tema en el contexto político y social del país.
Al respecto dice María Mercedes Berthé que en ocasiones la situación no es bien ponderada porque lamentablemente se utilizan inadecuadamente algunos datos. Señala que lo cierto es que, según las cifras oficiales, hasta junio de este año, los retardos procesales en las cárceles venezolanas no superaban el 10 % de las personas que aún no tienen sentencia.
Aseveró la funcionaria que a veces se acusa al Ministerio Público y a otras instituciones del retardo procesal cuando en verdad muchas veces el mismo se genera por fallas que no siempre pueden ser imputadas única y exclusivamente al Estado.
En tal sentido enfatizó que se están haciendo grandes esfuerzos para acelerar el proceso, pero que son varias las razones por las cuales los privados de libertad lamentablemente no acuden a los tribunales, como, por ejemplo, la violencia interna, fallas en la logística y otros aspectos que paralizan la acción.
Señaló la funcionaria que de la población penitenciaria que hasta junio del 2011 era de 49 mil 251 personas, el 38,79 %, o sea, 19 mil 102 personas tenían sentencia condenatoria; mientras que el 61,21 %, es decir, 30 mil 149 estaban siendo procesadas. Además aclaró Berthé que de estos 30 mil 149 que están siendo procesadas solo 3 mil 14 pudieran tener retardo procesal.
Precisó la funcionaria que utiliza el verbo en infinitivo ("pudieran") porque esas personas tienen dos años detenidas sin que se les haya dictado sentencia absolutoria o condenatoria, y habría que revisar las causas para saber si los motivos de esa demora son atribuibles al Estado, o por el contrario a una premeditación de los abogados defensores o del propio recluso para no asistir a los tribunales. Señala que de ser así se estaría hablando de dilación y no de retardo procesal.
Plan de celeridad procesal: La directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Lourdes Berthé, refirió que el plan de celeridad procesal no es una contingencia debido a lo ocurrido recientemente en El Rodeo I y II, sino que desde el 2008 el sistema de justicia venezolano impulsa y ejecuta alternativas como los juicios itinerantes.
En tal sentido, manifestó que desde hace tiempo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz ha venido apoyando con mucha determinación estrategias para agilizar los procesos por la vía de los fiscales de ejecución de sentencia, y otros funcionarios que participan de una acción dirigida a descongestionar las cárceles del país.
Explicó que con el propósito de superar barreras y obstáculos que lamentablemente aún persisten, se vienen realizando audiencias a las puertas de los penales que son fijadas por jueces itinerantes de control y de juicio, con la determinación de atenuar los problemas que impiden que los presos asistan regularmente a las audiencias respectivas.
"No hay dudas de que estamos cumpliendo con lo estipulado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que ocurre es que han aumentado los casos que obligan al MP a adoptar medidas que incluyen la privativa de libertad , por riesgo de fuga y obstaculización de la justicia " acotó Berthé.
Continuó explicando, que lo anterior no descarta que el juez de oficio, a solicitud del imputado, pueda revisar la causa para otorgar una medida menos gravosa
Garantía a los derechos fundamentales.
Interrogamos a María Lourdes Berthe acerca de la inquietud mostrada públicamente por el presidente de la República, Hugo Chávez, de revisar el caso de las personas que están privados de libertad y sufren de enfermedades graves como el cáncer.
Al respecto recordó que el Ministerio Público a Través del Consejo Superior Penitenciario, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia y otros entes del poder judicial, desde hace algunos años está ejecutando nuevas estrategias en el área penitenciaria que buscan atenuar los terribles efectos del hacinamiento, la violencia y la corrupción.
Dijo Berthe que ha sido interés permanente del MP revisar los casos de privados de libertad con problemas de salud y enfermedades graves, con la finalidad de beneficiarlos con la llamada libertad restringida y otras medidas menos gravosas, por lo menos hasta que superen los quebrantos de salud.
"Existe una comisión que revisa las causas, exige celeridad en los procesos y trabaja fuerte para garantizar derechos fundamentales como es por ejemplo, el derecho a la vida", apuntó.
Recalcó que los fiscales de régimen penitenciario y ejecución de sentencia mantienen contacto directo con los reclusos y conocen de sus necesidades, para luego buscar soluciones adecuadas según lo establece la normativa legal vigente.
Señaló que, aunque siempre se ha trabajado en ese sentido, desde el 2010 se vienen efectuando jornadas permanentes de asistencia integral en todas las cárceles del país en las que participa el MP conjuntamente con el TSJ, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.
Tenemos claro el sentido de corresponsabilidad: Quisimos abordar también a María Mercedes Berthe acerca de un tema que ha levantado polémica como fue la decisión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, de no permitir el ingreso de más personas en los recintos penitenciarios.
En tal sentido precisó que el Ministerio Público es respetuoso de las decisiones tomadas por el resto de las instituciones del Estado y que siempre estará dispuesto a apoyar decididamente todas las acciones que contribuyan a preservar los derechos humanos y las garantías constitucionales.
"Tenemos fiscales y otros funcionarios con mucha experiencia, formados y dispuestos a colaborar para hacer evaluaciones o levantar cualquier diagnósticos sobre el caso. Si nos llaman estaremos allí, dispuestos a colaborar. Tenemos claro el principio de corresponsabilidad", acotó la funcionaria.
El Caracazo, Yumare y Cantaura : Los fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, han desarrollado investigaciones importantes en casos polémicos que han generado ruido en la opinión pública nacional, como las masacres de El Caracazo, Cantaura y Yumare, casos en los que la actuación de la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha sido determinante para tratar de castigar a los culpables y hacer justicia junto a los familiares de las víctimas.
De allí que por los sucesos de El Caracazo fueron presentadas acusaciones el año pasado contra Augusto Del Valle Alliegro (50 víctimas), Manuel Heinz Azpurua (50 víctimas) y José Rafael León Orsini (121 victimas), por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad necesaria y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales previstos en los artículos 406.1 y 155 del Código Penal.
También cursaba la solicitud de extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien murió el 25 de diciembre del 2010.
El Ministerio Público continúa investigando denuncias según las cuales por lo menos mil 600 venezolanos fueron torturados, desaparecidos y asesinados durante las oscuras décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.
Según estadísticas publicadas en el Informe Anual de año 2010, presentado ante la Asamblea Nacional (AN), la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales reportó 25 mil 644 egresos, correspondientes a : Derechos Fundamentales (10 mil 138), Ejecución de Sentencia (8 mil 675) y Régimen Penitenciario ( 6 mil 831).
En cuanto a presentación de actos conclusivos en materia de derechos fundamentales fueron 9 mil 131 egresos discriminados de la siguiente forma: acusaciones (266), solicitudes de sobreseimiento (4 mil 502) Decretos de Archivo Fiscal (4 mil 363). Mientras que los en otras acciones los fiscales del MP sumaron mil 07 solicitudes de desestimación.
Por otra parte durante ese lapso realizaron mil 012 imputaciones y solicitaron mil 400 actuaciones referidas a: presentación en tribunales por aprehensiones flagrantes (18), órdenes de aprehensión (112), órdenes de allanamiento (7) audiencias preliminares (423) y Juicios (840).
En materia de Ejecución de Sentencia las estadísticas indican que hubo 8 mil 675 asuntos egresados correspondientes a extinción de pena (8.303) y comisión concluida (373).
Al mismo tiempo en Régimen Penitenciario se totalizaron 6 mil 831 egresos distribuidos en consignación de escritos ante el órgano jurisdiccional (4 mil 810), y consignación de informes ante otras instituciones 2 mil 021.
Con relación al Plan de Celeridad Procesal El Informe Anual del 2010 indica que se celebraron audiencias itinerantes en la Penitenciaria General de Venezuela (106), Rodeo I (25), Rodeo II (43), Yare I , II y III (52), Uribana (13) y Área Metropolitana de Caracas (AMC) (319).
No hay comentarios:
Publicar un comentario