Expresó su "profunda preocupación"

CIDH pide a Venezuela tomar medidas para evitar violencia en cárceles

Caracas, (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Gobierno de Venezuela que tome medidas "concretas" para garantizar la seguridad en las cárceles del país después de la muerte de 22 internos en una reyerta el pasado domingo.
La CIDH expresó su "profunda preocupación" por los "altos índices" de violencia en los centros penitenciarios "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado", indicó en un comunicado.
El pasado 12 de junio 22 reclusos murieron en la cárcel El Rodeo I, en el estado de Miranda, y 25 sufrieron heridas graves tras una riña entre internos supuestamente de bandas rivales que utilizaron armas de fuego para disputarse el control interno de la cárcel.
Ya en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado que adoptara medias para proteger la vida y la integridad personal de los internos, "en particular para evitar heridas y muertes violentas".
La CIDH ha celebrado cinco audiencias temáticas en las que se ha informado de que la extorsión a los reclusos por parte de las bandas criminales que controlan las cárceles es algo habitual, así como el hacinamiento, la falta de atención médica y el retraso en los procesos penales.
Otro de los problemas es la posesión de armas de fuego por parte de los reclusos, desde armas automáticas y armas largas hasta explosivos que, según la CIDH, consiguen con la colaboración de la Guardia Nacional.
Según la información de la que dispone la CIDH, durante 2010 murieron 476 reclusos y 967 fueron heridos, mientras que en el periodo 1999-2010 habrían sido 4.506 muertos y 12.518 heridos.
En su Informe Democracia y Derechos Humanos publicado el pasado abril, la CIDH señaló que Venezuela "ha fallado" en adoptar una política "efectiva" de prevención de la violencia en sus cárceles, que se han convertido en las "más violentas" de la región.
La CIDH urge al Gobierno venezolano a adoptar acciones "inmediatas", como evitar el hacinamiento, el decomiso y el control de armas y sustancias ilícitas para solucionar la "grave situación" de riesgo en que se encuentran los reclusos dentro de las cárceles.
Asimismo, pide a las autoridades que establezca sistemas "eficaces" para garantizar la separación entre procesados y condenados y dotar a los centros penitenciarios de personal de custodia suficiente, capacitado, que cuenten con los medios necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones.
Por último, insta a investigar de manera "seria" y "efectiva" los hechos de violencia ocurridos al interior de los centros de privación de libertad y diseñar planes a mediano o largo plazo para garantizar la vida y la integridad de los reclusos.