Sede del Cicpc | JESÚS CASTILLO
El director de la policía científica, comisario Wilmer Flores Trosel, ordenó la ejecución inmediata de varias medidas para disminuir la sobrepoblación en el Departamento de Aprehensión de ese órgano y prevenir nuevas denuncias por violación de derechos humanos.
En primer término cesarán las detenciones indiscriminadas por delitos menos graves como porte ilícito de armas de fuego y posesión de drogas, denominado microtráfico, aun cuando no implique una actividad de comercio ilícito de tales sustancias. La orden fue individualizar lo más posible las responsabilidades penales, aunque eso redunde en una disminución en las estadísticas sobre número de detenidos.
El abultamiento en las cifras de detenciones comenzó en 2010 a través del Dispositivo Bicentenario de Seguridad y se acentuó hace tres meses con la aplicación de los llamados "madrugonazos al hampa" en las principales ciudades del país.
Otra decisión fue presentar cuanto antes en los tribunales a las personas que queden en poder del Cicpc, con la finalidad de reducir al mínimo el tiempo de permanencia en los retenes policiales de la institución, en especial el que está en la urbanización El Rosal, donde hace dos semanas murieron tres presos.
También se instruyó a todas las unidades operativas para que constaten de inmediato mediante examen forense cualquier denuncia de algún detenido de maltrato por parte de los agentes. Si la prueba corrobora el testimonio del agraviado, se procederá a la destitución del funcionario por haber cometido una falta grave.
Estas decisiones fueron tomadas luego del anuncio formulado por el ministro de Relaciones Interiores, Tareck el Aissami, sobre una reestructuración general de la policía científica, junto con una medida de asistencia al Departamento de Aprehensión, donde fallecieron tres personas el jueves 26 de mayo.
Restar responsabilidades. Hasta el momento, la secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía, Soraya el Achkar, no ha designado a los integrantes del grupo que se encargará de evaluar a las unidades de la policía científica y proponer un cambio en la estructura general de la organización.
Fuentes del consejo indicaron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Interiores maneja un papel de trabajo que fue elaborado con la cooperación de miembros de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental en cuya directiva estuvo El Achkar.
El documento es analizado en el Cicpc. Entre las medidas a tomar, se maneja transferir al Ministerio Público tanto el personal como los activos de las coordinaciones nacionales de Criminalística y de Ciencias Forenses. Esto incluiría las morgues del país e igualmente los laboratorios, la división de identificación comparativa y la de custodia de evidencias, entre otras.
La decisión dejaría en manos del Ministerio Público la mayor carga de trabajo en cuanto a la investigación de los casos de homicidios y lesiones personales.
Se plantea la supresión de todas las unidades élite, como la Brigada de Acciones Especiales y la Unidad de Respuesta Inmediata, incluidas en la Coordinación Nacional de Dependencias Especiales. Ambas pasarían a la Policía Nacional, no exactamente como parte de una reestructuración sino más bien atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional. También le sería transferida la División Antiextorsión y Secuestros.
En este esquema, la actividad de la policía científica se concentraría en las unidades que actualmente pertenecen a la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales, tales como la Dirección Nacional contra Drogas, Investigación de Vehículos y Delitos contra el Patrimonio Público.
Los primeros análisis efectuados en la policía de investigación señalan que si bien la institución no puede ser eliminada, debido a que figura en la Constitución como una de las cuatro encargadas de resguardar la seguridad ciudadana, podría ser despojada de sus atribuciones más importantes mediante una reforma legal.
"Pretenden dejarnos un cascarón vacío", sentenció un comisario. Indicó que el desmembramiento del Cicpc podría ocasionar graves problemas de coordinación en casos extremos como las situaciones de rehenes. Argumentó que esa es una de las razones por las que esa policía no puede ser despojada de sus grupos élite.
Los funcionarios, además, esperan que la reestructuración incorpore nuevos criterios para la selección de las personas que ejercerán los cargos directivos, así como la jefatura de las principales unidades operativas.
Hasta ayer en la tarde, la policía científica no había sido notificada de la realización de la primera reunión entre la comisión reestructuradora y la actual directiva.
Seis investigados
La Inspectoría General del Cicpc adelanta averiguaciones administrativas contra seis funcionarios de ese órgano policial por el asesinato de dos personas en El Junquito. Cuatro de los agentes pertenecen a la Dirección Nacional de Vehículos, mientras que los restantes están adscritos a las subdelegaciones de El Valle y Guarenas.
Los fallecidos fueron Kennedy Chanid Jiménez y Wilber José Guzmán, quienes tenían respectivamente 20 años y 17 años de edad. Sus cadáveres quemados fueron hallados en el interior de un vehículo en el sector Yagrumal, kilómetro 23 de la vía a El Junquito. Los agentes han sido entrevistados para conocer qué hicieron a partir del 14 de mayo, cuando desaparecieron Jiménez y Guzmán. También se han verificado sus registros telefónicos.
Hasta ahora los datos no son concluyentes.
Jiménez tenía tres solicitudes por los delitos de secuestro y homicidio. Se le implicaba en las muertes de un sargento de la Armada y de un agente del Cicpc.