El Carabobeño 09 junio 2011
"Para que el proceso de humanización penitenciaria sea efectivo debemos avanzar en la reforma de Código Orgánico Penitenciario, debemos cambiar las normativas, para que los privados de libertad por un delito menor, sean compensados como en otros países, con trabajos voluntarios en las calles, labores sociales", señaló.
Las declaraciones las emitió durante su participación en el foro, Perspectiva del Reimpulso del Plan de Humanización Penitenciaria, que lleva a cabo el Consejo Superior Penitenciario (CSP), en el Hotel Alba Caracas, donde el secretario ejecutivo de la organización, Reynaldo Hidalgo y un grupo de expertos en materia penitenciaria darán a conocer el resultado del Diagnóstico Sociodemográfico de la Población Penitenciaria en el país en el lapso 2010-2011.
Sobre el hacinamiento que existe en las cárceles venezolanas, tema que fue una de las problemáticas más reiteradas durante el foro, Rojas recordó que se debe al retardo procesal, traducido en el encierro de internos que están esperando por un juicio que los declare libres o culpables.
"Más del 60% de nuestra población penal es procesada, es decir, no tiene sentencia firme", dijo.
Indicó que por esas circunstancias es fundamental el apoyo de la Asamblea Nacional en la aprobación del COP, porque esa normativa permitirá organizar las competencias de las instituciones con atribuciones en el sector carcelario.
"El Plan de Humanización Penitenciaria ha permitido incrementar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos privados de libertad a través de planes de rehabilitación y asistencia integral, como la Red de Orquestas Penitenciarias, la Red de Teatro Penitenciario y las Jornadas Deportivas dentro de ese sector", señaló.
Desmanes en Cicpc
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Wilmer Flores Trosel, desmintió que el organismo policial haya eliminado las detenciones por delitos menores y consideró que la difusión de esta información por un diario de circulación nacional responde a prácticas de diversos medios para destruir la organización.
En cuanto a los funcionarios del Cicpc privados de libertad por la muerte de tres detenidos, Flores Trosel aseguró que serán presentados ante los tribunales. "No avalamos los delitos contra los derechos humanos".
El funcionario dijo que el Cicpc no puede escapar a desmanes que puedan cometer algunos funcionarios, pero aseguró que 99,9% de sus efectivos son hombres "impolutos, padres y madres de familia".
Ley Antitortura
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo Metropolitano, Freddy Guevara, informó que emprenderán acciones de contraloría para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el Cicpc, en El Rosal,donde murieron tres personas.
Guevara propuso al Gobierno Nacional instalar cámaras de seguridad en las comisarías. Además dijo que solicitarán a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo crear una comisión conjunta que supervise los procedimientos aplicados en los centros de detención temporales. También instan al Parlamento a redactar una Ley Antitortura.
"A pesar de que la tortura no es legal en Venezuela, no existe una normativa que garantice mecanismos para erradicar esta lamentable realidad", destacó el concejal.
Con información de AVN y El Nacional
Viceministro cree que a prisión sólo deben ir quienes causen daños mayores
El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Edwin Rojas, aseveró este miércoles, que la cárcel debe ser una excepción para aquellas conductas lo suficientemente violentas y dañinas, capaces para causar daños mayores a la sociedad."Para que el proceso de humanización penitenciaria sea efectivo debemos avanzar en la reforma de Código Orgánico Penitenciario, debemos cambiar las normativas, para que los privados de libertad por un delito menor, sean compensados como en otros países, con trabajos voluntarios en las calles, labores sociales", señaló.
Las declaraciones las emitió durante su participación en el foro, Perspectiva del Reimpulso del Plan de Humanización Penitenciaria, que lleva a cabo el Consejo Superior Penitenciario (CSP), en el Hotel Alba Caracas, donde el secretario ejecutivo de la organización, Reynaldo Hidalgo y un grupo de expertos en materia penitenciaria darán a conocer el resultado del Diagnóstico Sociodemográfico de la Población Penitenciaria en el país en el lapso 2010-2011.
Sobre el hacinamiento que existe en las cárceles venezolanas, tema que fue una de las problemáticas más reiteradas durante el foro, Rojas recordó que se debe al retardo procesal, traducido en el encierro de internos que están esperando por un juicio que los declare libres o culpables.
"Más del 60% de nuestra población penal es procesada, es decir, no tiene sentencia firme", dijo.
Indicó que por esas circunstancias es fundamental el apoyo de la Asamblea Nacional en la aprobación del COP, porque esa normativa permitirá organizar las competencias de las instituciones con atribuciones en el sector carcelario.
"El Plan de Humanización Penitenciaria ha permitido incrementar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos privados de libertad a través de planes de rehabilitación y asistencia integral, como la Red de Orquestas Penitenciarias, la Red de Teatro Penitenciario y las Jornadas Deportivas dentro de ese sector", señaló.
Desmanes en Cicpc
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Wilmer Flores Trosel, desmintió que el organismo policial haya eliminado las detenciones por delitos menores y consideró que la difusión de esta información por un diario de circulación nacional responde a prácticas de diversos medios para destruir la organización.
En cuanto a los funcionarios del Cicpc privados de libertad por la muerte de tres detenidos, Flores Trosel aseguró que serán presentados ante los tribunales. "No avalamos los delitos contra los derechos humanos".
El funcionario dijo que el Cicpc no puede escapar a desmanes que puedan cometer algunos funcionarios, pero aseguró que 99,9% de sus efectivos son hombres "impolutos, padres y madres de familia".
Ley Antitortura
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo Metropolitano, Freddy Guevara, informó que emprenderán acciones de contraloría para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el Cicpc, en El Rosal,donde murieron tres personas.
Guevara propuso al Gobierno Nacional instalar cámaras de seguridad en las comisarías. Además dijo que solicitarán a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo crear una comisión conjunta que supervise los procedimientos aplicados en los centros de detención temporales. También instan al Parlamento a redactar una Ley Antitortura.
"A pesar de que la tortura no es legal en Venezuela, no existe una normativa que garantice mecanismos para erradicar esta lamentable realidad", destacó el concejal.
Con información de AVN y El Nacional
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